Brito pidió a Racedo que también cite a Parache

Además del sumario que tramita en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Jorge Parache, juez federal número uno, deberá defenderse de la imputación de supuesto partícipe necesario en el delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional. Esta calificación es todavía más grave que la que pesa sobre Felipe Terán, juez federal suspendido, quien fue citado en el mismo carácter y por el mismo delito, pero en el grado de tentativa.
El fiscal Carlos Brito presentó un nuevo requerimiento de instrucción en el juzgado federal número dos a cargo de Mario Racedo. En esta oportunidad, Brito le solicitó que, además de Parache, cite al abogado Daniel Martín y al particular Antonio Taranto -estos últimos imputados como presuntos autores-, para prestar declaración indagatoria por la misma causa penal. Además, el fiscal federal pidió a Racedo que tome declaración testimonial al contador Augusto Rossi, quien intervino por M.A. Valores SA, Sociedad de Bolsa.
El requerimiento responde a la investigación del trámite de la medida cautelar dispuesta por Parache en el expediente “Taranto, Antonio Vicente c/Estado Nacional s/ Inconstitucionalidad”, iniciado el 26 de octubre de 2004 con una demanda interpuesta con la representación de Martín. Como en las causas “Borquez” y “Camandona” -todas objeto de similares requerimientos fiscales-, el actor reclamaba contra la normativa que, salida de la convertibilidad mediante, pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de default de diciembre de 2001. Taranto exigía la devolución de títulos de la deuda pública denominados BONTES 11,75% 2003, pedido que se concretó el 4 de febrero de 2005 -tres meses y ocho días corridos después-, orden judicial de por medio. En cumplimiento de la cautelar  de Parache, la Caja de Valores SA (es la agente de custodia de los títulos) depositó en la cuenta comitente de Taranto la suma de $1.349.058,76.
Durante esta tramitación, Brito señala que el Ministerio de Economía de la Nación denunció que los bonos de la causa habían sido adquiridos con posterioridad al diferimiento de los servicios de la deuda pública. Precisa que, con ese fin, Laura Alercia intervino el 29 de diciembre de 2004 presentando documentación de la Oficina Nacional de Crédito Público que advertía que la Caja de Valores SA había informado que los BONTES 11,75% 2003 de presunta propiedad de Taranto habían ingresado a la cuenta denunciada en dos etapas, entre el 22 y el 28 de octubre de 2004. “(Alercia) le pide (al juez) que requiera al accionante que acredite en autos la tenencia de bonos ante la Caja de Valores SA con anterioridad al 31 de diciembre de 2001 y que estos se hayan mantenido sin variación”, reseña Brito, quien agrega que Parache denegó ese planteo e intimó el inmediato cumplimiento de la medida cautelar.
Brito acusa a Parache de haber dado trámite y de haber dictado una medida cautelar sin verificar el cumplimiento de los requisitos que debían ser previamente acreditados, tales como la edad del actor y la condición de su salud al tiempo de interponer la demanda. “La discrecionalidad e interesada actividad del magistrado también se revela al habilitar la feria judicial de enero de 2005, ante el pedido del actor en el sentido de disponer de su dinero para tratamiento médico”, explicita el fiscal, quien recuerda que Taranto, en la demanda, sólo había invocado la edad como causa de excepción, sin mencionar ni acreditar padecer enfermedad alguna. Es más, según el requerimiento de Brito, toda la actividad jurisdiccional estuvo dirigida a sentenciar la medida cautelar, sin control previo, con la habilitación de la feria y rechazando cualquier argumento que impidiera ese objetivo.
El requerimiento de Brito para que los imputados sean citados a prestar declaración indagatoria debe ser decidido por Racedo, quien ya resolvió a favor del pedido del fiscal en las causas “Borquez” y “Camandona”. Por esas investigaciones debe comparecer el juez Terán, el 30 de octubre próximo.