Poseedores de bonos reclaman el pago de las indemnizaciones

La crisis suscitada en Tucumán por las maniobras para eludir el default a los títulos públicos, que motivó el proceso de destitución al juez federal Felipe Terán y la investigación a su par Jorge Parache, derivó también en la paralización de todo pago de esos papeles por una orden del Ministerio de Economía de la Nación.

Afectados
La situación afecta a numerosos acreedores del Estado, quienes son poseedores originarios de bonos públicos entregados como pago de indemnizaciones.
Uno de esos casos fue denunciado por Jorge Romero, que reclama a la Justicia la liberación del cobro de la renta mensual de lo que le corresponde por la desaparición de su padre, el boxeador y obrero Samuel Gerónimo Romero, ocurrida en Tafí Viejo el 27 de enero de 1976.
Romero denunció que desde hace casi dos años no puede retirar un peso de la cuenta, pese a que dispone de una medida cautelar judicial que ordena el pago de utilidades, intereses y amortización del capital, en la moneda de origen o en el valor del dólar libre.

"No hay respeto"
"No nos dijeron nada de nada. En el Tesoro de la Nación sólo señalaron que debíamos empezar todo de nuevo; no hay respeto. Esta situación es injusta y crítica; este Gobierno se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos, pero sigue aplicando la represión económica y discriminando a los hijos de los desaparecidos que derramaron su sangre por este país", protestó.

Accionantes
La acción judicial es tramitada en el juzgado de Parache, y de esa causa es parte también Héctor Daniel Amaya, viudo de Marta Inés Romero (la hermana de Jorge falleció a principios de este año, de cáncer, sin poder contar con los recursos para comprar los remedios, según afirmaron sus familiares), y Roberto Romero.