El Gobierno se enreda en su propia dinámica

BUENOS AIRES.- El Gobierno recibió tres jaques sucesivos en las simultáneas que jugó durante la semana, y lo paradójico es que ninguno de ellos provino de la oposición, atrapada en sus laberintos, sino de su propio proceder. El problema generado en el Hospital Francés; las amenazas respecto de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y su posición frente a los vecinos de Gualeguaychú lo llevaron a improvisar respuestas erráticas a situaciones altamente conflictivas, y no salió para nada bien parado. Es sabido que los buenos jugadores de ajedrez tienen en la mente el desarrollo de varias jugadas hacia adelante, lo que marca su estrategia. Eso se llama llevar la iniciativa. Pero la teoría también señala que es frecuente que quien mueve de apuro y espera la réplica del rival sin ver más allá de sus narices, tal como opera el cortoplacismo que tanto le gusta a la Casa Rosada, quede expuesto a cometer "errores no forzados" movida tras movida y que, finalmente, le suceda lo que le pasó al Gobierno en los tres casos: que en la solución inmediata se esté incubando el problema de mañana.

Pulseada política
Las autoridades ya se habían comprado un grave problema con el Hospital Francés, hace 10 meses. Se trataba de una quiebra privada en la cual nunca deberían haber participado; pero fue ganado por circunstancias ideológicas: el peronismo tradicional abomina de los mecanismos de mercado y no repara en que el brazo del Estado no alcanza para todo. Según su concepción, es un "deber" salvar las fuentes de trabajo, especialmente cuando los reclamos se hacen mediáticos, y en eso estaban cuando apareció la disputa por el negocio. Se generó entonces una pulseada por definir quién será el administrador del futuro hospital, un negocio mucho más jugoso aún si se reciben aportes oficiales. De allí, el escenario del miércoles pasado: la Policía miraba cómo se reeditaba la vieja y sangrienta porfía callejera entre "fachos" y "zurdos", que a muchos les recordó los terribles años 70.
Una reconstrucción de los hechos señala que el martes los sindicalistas de la comisión interna avanzaron con prepotencia sobre las oficinas administrativas, donde provocaron serios destrozos e inclusive lesionaron al personal médico. También indica que, al día siguiente, el interventor que había designado el Superintendente de Salud -hoy renunciado- llevó como defensa una suerte de guardia pretoriana que se trenzó con el otro bando, con todos los excesos y con toda la saña con los que en una cancha se trenzan las hinchadas. Sin tomar en cuenta la chicana de la foto del jefe de las hordas defensoras abrazado con Néstor Kirchner, en una pose de circunstancia de esas a las que los presidentes no suelen negarse -que provocó un cimbronazo en el Gobierno por saber quién la puso a circular-, las acciones de este singular "amigo" del interventor, con quite de gorra a un atribulado suboficial de la Federal incluido, fueron dignas del proceder y de la impunidad con la que actúa un barra brava. La pasividad policial fue patética.
Pero el episodio se volvió más complicado aún cuando se comprobó que todos los personajes que habían hecho y deshecho dentro del Francés habían actuado bajo paraguas de padrinos y madrinas de alto linaje; peor aún: que todos ellos tienen llegada directa al Presidente. Por una parte, los miembros de la patota de aquellos que siempre fueron funcionales a la "vieja política", la misma que el Gobierno dice querer desterrar, fueron detectados esta vez como "hombres de..." altos funcionarios que habitan la Casa Rosada. Pero lo que ahondó el estupor fue que al día siguiente los sindicalistas que quieren "recuperar" el hospital ingresaron a la misma Casa de Gobierno a negociar una salida por la vía de un fideicomiso, que aún no aceptaron, de la mano de Hebe de Bonafini. Este fue el precio político que tuvo que pagar el Gobierno ante el primer jaque: admitir que todo este grotesco que explotó a través de la televisión tendrá que arreglarse bajo su órbita debido a la necesidad de disimular lo antes posible un episodio de altísimo desgaste y bochorno, que aún tiene final abierto en cuanto a quién ganará la porfía y, además, un costo incierto para los contribuyentes.

Signos de anomia
En el tablero de al lado, los sucesivos tropiezos del desarrollo ya venían prenunciando la movida fatal: la exhumación de la Ley de Abastecimiento para obligar a los actores del mercado petrolero a sacar gasoil de dónde sea, aun a pérdida si deben importarlo. Signos de la anomia: tampoco parece muy prolijo avisar que se va a aplicar una Ley; si está en vigencia, se la aplica y listo. El caso es que los combustibles están desalineados en cuanto a su valor con el resto del mundo desde hace años; y por mantener esa ficción, para que no impacte sobre el índice de precios, se apela ahora a este mecanismo de presión extrema al que las empresas no pueden negarse, aunque parece que los abogados encontraron algunos resquicios legales para reclamar en contra.
Para los petroleros, lo más controvertido fueron los argumentos. "Estas son nuestras reglas", les recordó, casi airada, la ministra de Economía, Felisa Miceli. Y se sabe que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, pretende que las empresas paguen con la utilidad que consiguen por exportar naftas el diferencial de los precios del gasoil que deberán traer del exterior, ya que la capacidad de refinación está a pleno. En buen romance, lo que se dijo públicamente es: "si quieren trabajar así, quédense, pero ganando lo a que nosotros nos parezca que tienen que ganar".

Más acuerdos
Esta pasión por digitarles las ganancias a empresas que pagan sus impuestos y transformárselas en "razonables" a criterio de los funcionarios, otro de los tics peronistas que en los 70 aplicó el hoy admirado José Gelbard, también se utiliza en otros rubros. Durante la última semana, se logró ampliar los acuerdos con los supermercados hasta fin de 2007, pero con un par de salvedades que los anuncios escondieron prolijamente: que los supermercadistas los condicionaron a que los productores tampoco aumenten sus precios y que no se trató de un acuerdo de precios fijos, sino de márgenes de utilidad inamovibles. Ahora vendrá el round con los fabricantes y se verá qué mecanismos sacan de la manga para obligarlos a mantener los precios de los artículos que impactan en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), aunque los costos de personal o de energía crezcan en el futuro. Al fin y al cabo, muchos de ellos han bajado la calidad de algunos productos o de envases o sus volúmenes o todo junto, y hasta inventaron nuevos packs para obligar a la compra de más de una unidad. También podría gestarse un mercado negro a partir de productos faltantes, tal como sucedió con el gasoil en el interior, que se vendía hace unos días por encima de $ 2 el litro a chacareros desesperados. Una resolución de la Subsecretaría de Combustibles habla de "cupos", de "prácticas dañosas" y de "especulación" de intermediarios; sin embargo, hasta ahora los funcionarios hacen la vista gorda, ya que, como suele ocurrir, las cosas suceden solamente cuando los medios las muestran.

La dilación legal
El tercer partido de ajedrez sin estrategia es el del conflicto por la pastera Botnia y el corte de rutas que lleva adelante la población de Gualeguaychú, aunque allí siempre estuvo latente la vocación del Gobierno de jugar a la dilación legal, mientras la chimenea de la finlandesa se seguía construyendo. El Gobierno, apremiado al mismo tiempo por los tribunales internacionales y por el Banco Mundial, tuvo que ponerle fin al forzado idilio con los pobladores del lugar, a los que quiso cautivar en su momento con un acto que partía de un eslogan contradictorio con sus intereses: "no a la contaminación", que no era lo mismo que el "no a las papeleras" que esgrimían los pobladores.
En otros tiempos, el propio canciller Jorge Taiana había esbozado una teoría, según la cual el derecho de expresión se consideraba más derecho que el de circulación y ahora tuvo que tragar saliva, tras un comunicado que impulsó el Presidente, junto con la Provincia, que le dice "no a los cortes". La respuesta de la gente -jaque- fue desoír el llamado oficial y subirse lo más campante a la ruta durante el fin de semana.
Sin embargo, en materia de coherencia no todos pueden decir lo mismo. Ester Spoturno, Jorge Daneri, Fabián Moreno Navarro y Ana María Angelini son abogados que representaban al pueblo de Gualeguaychú ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, como asesores de la presentación que hizo la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cuando sus coterráneos decidieron reanudar las interrupciones de tránsito del puente internacional, el miércoles pasado, renunciaron de inmediato a esa asesoría. Cuando lo que debería ser normal pasa a ser excepcional, las sociedades se conmueven. Sin ser héroes, ellos cuatro -apenas- mostraron, nada más ni nada menos, una postura ética: interpretaron que no podían estar de los dos lados de la vereda al mismo tiempo. Mucho menos cambiar de vereda. Ni la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, ni el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, ni el gobierno nacional pueden decir lo mismo.