El negocio de la basura mueve 120 millones de dólares

El futuro de las 700 toneladas diarias de residuos que generan los más de 855.000 habitantes del Gran San Miguel de Tucumán generó la mayor tensión institucional y política en los tres años que lleva la sociedad entre el gobernador, José Alperovich, y el vicegobernador, Fernando Juri. Lo que en 2005 parecía encaminado hacia la aplicación de un programa integral de gestión de los residuos sólidos urbanos, a partir de un acuerdo entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, corre hoy serio peligro de derrumbarse. ¿Sólo hay una pelea política? ¿Hay diferencias insalvables entre los proyectos del PE y los de la Cámara? ¿Qué implica el manejo de la basura en una provincia como Tucumán?
Si uno juzga las cosas a partir de las posturas asumidas por los referentes de uno y otro sector, puede concluir que hay una cuestión divisoria principal: el costo que tendrá el sistema de disposición final previsto por el Gobierno. En agosto de 2005, la Cámara sancionó una ley marco para la gestión integral de los residuos (7.622). Casi en forma paralela, la Provincia accedió al financiamiento del Banco Mundial (BM) para la elaboración de un plan piloto para el Gran San Miguel de Tucumán. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió en junio apartarse del programa del BM y comenzó a diseñar, con técnicos locales, un proceso licitatorio propio. Para ello, tomó como base los lineamientos aconsejados por la entidad internacional.
Según el pliego de licitación elaborado por el PE, el oferente debería hacerse cargo del diseño, la construcción y la explotación, por los próximos 20 años, de una planta de transferencia en San Felipe y de otra de relleno sanitario en Monte Redondo. El BM calcula que los costos de un sistema de disposición final como el previsto por Tucumán oscilan en U$S 25 por tonelada de basura. Sólo en el área metropolitana, se recogen diariamente 700 toneladas de desechos. Esto implica que, al año, el Estado debería afrontar un pago de U$S 6,4 millones por el servicio.
El domingo, River y Boca jugaron el clásico y obtuvieron una recaudación récord: $ 1,2 millones para el deporte nacional. La cifra que la Provincia debería pagar, tras 20 años de contrato por la disposición final de los residuos, trepa a más de U$S 120 millones. Para llegar a ese monto, los dos grandes del fútbol argentino deberían jugar -por lo menos- alrededor de 300 partidos a cancha llena.
Aún más, los números que se barajan en los corrillos legislativos y gubernamentales no incluyen los costos de amortización por el d
iseño y la construcción de las plantas. Para tener un ejemplo de lo que debería adosarse a la inversión estimada, basta con recordar las palabras del presidente de la empresa Impsa, Enrique Pescarmona. Cuando en diciembre de 2005 visitó al gobernador dijo que su firma deseaba invertir $ 15 millones en Tucumán, en un depósito de los residuos.
Precisamente, en la inversión que requiere una operación de estas características está centrada la oposición de la mayoría de los legisladores que rechazaron el decreto. Consciente de los costos, la Provincia pretende que los municipios participen con recursos en el sostenimiento del sistema. Como los residuos son generados por los municipios, estos deberían ceder al poder central, en el porcentaje que les corresponda, fondos coparticipables.
Los nuevos valores triplican los que actualmente recibe la empresa que administra Pacará Pintado. En la planta de San Andrés se depositan los residuos de la capital (400 toneladas por día), de Banda del Río Salí (20), de Yerba Buena (40) y de Las Talitas (15). Por mes, la compañía recibe $ 700.000. Los ingresos mayoritarios provienen de la capital ($ 270.000) y de Yerba Buena ($ 140.000). Banda del Río Salí paga $ 30.000 por todo: recolección y tratamiento de la basura. Una cuestión matemática que contrasta con las urgencias ambientales de la provincia: el apto concedido a Pacará Pintado vence en agosto de 2007. A partir de esa fecha, el futuro de los residuos se torna incierto.

El relleno sanitario es el sistema que se usa para procesar los residuos en Buenos Aires. Se trata de una práctica general en gran cantidad de países. Es una técnica mediante la cual se confina la basura dentro de un área pequeña, donde se distribuye en capas, se compacta y se cubre con tierra con una cierta periodicidad. La parte principal del relleno es el módulo. Allí se depositan y compactan los residuos. La descomposición de la basura produce un líquido que lixivia elementos contaminantes. Este debe recolectarse por medio de un sistema de drenajes, que desemboca en las piletas de lixiviados construidas en la parte más baja del terreno.

350 son los cartoneros que trabajan, como cooperativa, en Pacará Pintado.

27 centavos por kilo es la cotización que tiene el papel blanco y la cartulina.

22 centavos por kilo de cartón, en promedio, pagan los mayoristas a los cartoneros.

30 pesos por día es lo que gana un cartonero, en promedio, con la venta de papel y cartón.

Separación en origen
El PE pretende que se termine el cirujeo y que, en un futuro, los propios vecinos clasifiquen los residuos en sus casas.

Coparticipación
El Gobierno sostiene que los municipios deben aportar un porcentaje de los gastos que ocasione la disposición final.

Distancias
En los pliegos licitatorios, el PE no previó la construcción de caminos alternativos que reduzcan la distancia con Monte Redondo.

Sólo enterramiento
El Gobierno fija como único método de disposición final de la basura, por los próximos 20 años, el relleno sanitario.

Fuente laboral
La Legislatura quiere que los cartoneros que hoy trabajan en Pacará Pintado separen la basura en la planta de San Felipe.

En manos del PE
La ley marco (7.622) que quiere modificar el PE libera a los intendentes del manejo de los residuos sólidos urbanos.

Lejos de la sociedad
La Cámara insiste en que se deben expropiar tierras para construir rutas y evitar que los camiones pasen por Los Ralos.

Basura cero
Los legisladores se inclinan por una reducción del porcentaje de residuos que llegue al relleno sanitario previsto en Monte Redondo.

Por Jorge Malmierca - asesor del poder ejecutivo
Conforme al pliego, se licita la contratación de los servicios de diseño, construcción y operación de un complejo de relleno sanitario en Monte Redondo, una estación de transferencia en San Felipe, y una planta de separación accesoria a la Estación de Transferencia para el Gran San Miguel de Tucumán, con una generación diaria de 700 toneladas, aproximadamente.
La planta de separación será exigible al contratista a partir de los 12 meses de la fecha de entrada en vigencia del contrato. Licitar diseño y construcción, conforme especificaciones técnicas del pliego, significa que el oferente debe -ajustándose a dichas especificaciones- proponer el diseño de las obras y fijar su costo, lo que luego será evaluado por las comisiones asesoras respectivas. Estas podrán rechazar las ofertas que se consideren elevadas en su monto o que no reúnan las condiciones exigidas. Mal puede decirse hoy que el sistema es caro si no hay ofertas que especifiquen montos. Tampoco los valores internacionales o nacionales pueden compararse con el sistema de recolección de residuos ni con técnicas de menor envergadura para la disposición final.
¿Qué objeta la Legislatura?
a) Que no se cumple con la separación y que se deja sin trabajo a 350 personas. Hoy, los trabajadores informales que operan en Pacará Pintado no superan los 250.
El plan provincial prevé, utilizando un criterio sanitario, evitar la separación en el sitio, por la insalubridad y por falta de protección de las personas. Una gestión integral aspira a que la separación del material reciclable se haga en origen, es decir, en el domicilio del generador de la basura; luego tendrá sentido una separación complementaria en planta, llevada a cabo por operarios locales en condiciones de equipamiento e higiénicas adecuadas. Hasta tanto se concrete la separación complementaria, los trabajadores informales en los sitios de disposición final que se fueran cerrando deberán ser objeto de la aplicación de un plan de contención social y nunca de un simple subsidio.
b) Según el criterio de algunos legisladores, la transferencia, el transporte y la disposición final son responsabilidad de la Provincia y es ella la que debe cargar con los costos, y no los municipios. Cabe advertir que la Ley 7.622 no indica la afectación presupuestaria para hacer frente a tal gasto; el DNU sí lo hacía. Dichas etapas de la gestión integral corresponden a servicios y se deben abonar con las respectivas tasas, no con impuestos; el vecino de La Cocha no tiene por qué pagar el servicio de un vecino de la capital. El artículo 134 de la Constitución establece que, sin perjuicio de las que corresponden a la Provincia, son funciones, atribuciones y finalidades de los municipios la salubridad, la higiene y la protección del medio ambiente. El artículo 135, en tanto, fija que los recursos municipales se forman, entre otros, con lo recaudado en concepto de tasas por transporte y disposición de residuos.

Por Alejandro Sangenis - legislador provincial
Tucumán se caracteriza por su alta densidad poblacional, por su limitada geografía y por poseer una cuenca hídrica única. Es decir, presenta una alta vulnerabilidad en lo que a problemática ambiental se refiere.
Una deuda histórica del Estado con los tucumanos es la gestión de los residuos. Experiencias no gratas como las llevadas a cabo en Las Moritas, en Los Vázquez y hoy en Pacará Pintado, sumadas a los casi 400 basurales a cielo abierto que relevó la Cruz Roja, motivaron que la Legislatura se abocara al estudio del problema, junto con los actores sociales e institucionales relacionados con el problema. Al sancionar por unanimidad la Ley 7.622, la Cámara decidió hacerse cargo de un plan de gestión integral.
El texto establecía la responsabilidad excluyente del Estado en la materia. En línea coincidente, el PE anunció que Tucumán aplicaría un plan piloto del Banco Mundial (BM), por el que iba a recibir U$S 7 millones. Sin mediar mayores explicaciones técnicas, y con la excusa de adecuar la ley al pliego licitatorio, el PE emitió un decreto que tiraba abajo esa política estratégica y subsumía la problemática de la basura a la del relleno sanitario.
Misteriosamente, la etapa de separación y clasificación (momento clave del proceso) desaparecía. El decreto, además, preveía la responsabilidad de los municipios en la financiación, sin consulta previa, aun cuando el precio final del producto sigue siendo un misterio. El decreto, avasallando toda autonomía, autorizaba a afectar la ya menguada coparticipación de los municipios. El camino alternativo (compromiso compartido entre el Ejecutivo y la Legislatura con los pobladores del este, como señala la Ley 7.678), que haría ahorrar 30 kilómetros de flete en el servicio e impedía la circulación de los residuos por las zonas urbanas, también quedaba en el olvido.
Con la sanción del decreto, el trabajo de tres años de consenso con actores sociales e instituciones de la sociedad civil para diseñar una política estratégica quedaba trunco, y nos dejaba a todos atónitos y sujetos a los tiempos licitatorios para la tercerización del servicio. Los funcionarios del PE, que visitaron la Legislatura el 27 de setiembre, manifestaron, sin ponerse colorados, que la licitación debía hacerse en octubre.
La Universidad Tecnológica Nacional (entidad ya precalificada por el Banco Mundial) presentó un plan para Monteros y las comunas aledañas. Ese proyecto integral prevé que sólo el 12% del total de la basura vaya finalmente a enterramiento sanitario. En el plan del PE, inicialmente, el 100% de la basura tenía ese destino. Por eso es curioso que el Gobierno haya reemplazado la opinión de sus universidades por la de consultoras.
Y hasta allí llegó el debate técnico, porque después todas las razones que se escucharon se limitaron a una puja que debía dilucidar "si José ganaba o perdía la pulseada".