El 15 de octubre de 2003 marcó un antes y un después en la vida de Antonio Domingo Bussi. Desde el mediodía de esa jornada está detenido por orden del juez federal Jorge Parache, quien lo responsabilizó de la desaparición del senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, perpetrada el 5 abril de 1976.
Su primer lugar de reclusión fue el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, desde donde partió a la casa que su hija Claudia tiene en un country en Pilar (Buenos Aires); en marzo de este año debió regresar al ex arsenal, y ahora el juez federal dispuso su traslado a la cárcel de Villa Urquiza, medida que está apelada.
Como consecuencia de la detención, Bussi nunca pudo asumir como intendente de la capital, cargo que había ganado en las urnas meses antes de la medida de Parache.
Aparte del caso Vargas Aignasse, Bussi también están procesado por violaciones a los derechos humanos en los expedientes donde se investiga (por separado) lo ocurrido con Alicia Cerrota de Ramos; Ramón Bianchi; Carlos Román Apaza; Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz; Daniel Fontanarrosa; Marta y Rolando Coronel; Dante Bordón; Cerafina Rosa, Ramón Francisco y Juan Carlos López; Enrique Pastor Cerezo; Carlos Araldi, y Diana Oesterheld. Además, está imputado en otros 400 casos de secuestros.
El abogado de Bussi, Horacio Conesa Mones Ruiz, reclamó la libertad de su defendido, sobre la base del tiempo transcurrido sin sentencia y del fallo favorable dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero aún no obtuvo respuesta.
Su primer lugar de reclusión fue el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, desde donde partió a la casa que su hija Claudia tiene en un country en Pilar (Buenos Aires); en marzo de este año debió regresar al ex arsenal, y ahora el juez federal dispuso su traslado a la cárcel de Villa Urquiza, medida que está apelada.
Como consecuencia de la detención, Bussi nunca pudo asumir como intendente de la capital, cargo que había ganado en las urnas meses antes de la medida de Parache.
Aparte del caso Vargas Aignasse, Bussi también están procesado por violaciones a los derechos humanos en los expedientes donde se investiga (por separado) lo ocurrido con Alicia Cerrota de Ramos; Ramón Bianchi; Carlos Román Apaza; Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz; Daniel Fontanarrosa; Marta y Rolando Coronel; Dante Bordón; Cerafina Rosa, Ramón Francisco y Juan Carlos López; Enrique Pastor Cerezo; Carlos Araldi, y Diana Oesterheld. Además, está imputado en otros 400 casos de secuestros.
El abogado de Bussi, Horacio Conesa Mones Ruiz, reclamó la libertad de su defendido, sobre la base del tiempo transcurrido sin sentencia y del fallo favorable dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero aún no obtuvo respuesta.







