Los conflictos del PJ repercuten en el Estado

Si el deterioro de las relaciones entre alperovichistas y juristas deviene en una fractura definitiva, con los lógicos enfrentamientos políticos, inevitablemente la situación repercutirá en la marcha del Estado. Este es el argumento más sólido que esgrimen quienes defienden la necesidad de producir un acercamiento entre el gobernador, José Alperovich, y su vice, Fernando Juri.
Enfrente se encuentran quienes sostienen la idea de la división total, quienes sostienen que las relaciones entre los principales referentes están definitivamente rotas. Así las cosas, cada uno debe cuidar y preservar sus respectivas bases, desde donde se reclama que se asuman los costos de blanquear la situación y se comience a estructurar la propuesta electoral propia para 2007.
En este escenario pulsean Alperovich y Juri, quienes, por separado, esfumaron la posibilidad de concretar una reunión clave en la Capital Federal el martes, Día de la Lealtad del peronismo. En síntesis: la relación sigue deteriorada, pero no se sabe si se camina hacia la recomposición o hacia la fractura.
Mientras el gobernador aceita su estructura con las conducciones municipales y comunales y con los partidos aliados, el presidente de la Legislatura mantiene canales de diálogo abiertos con referentes de la oposición y con los peronistas históricos del interior, con la idea de presentar candidatos alternativos a las ilusiones de reelección de muchos alperovichistas.
El conflicto entre los seguidores de uno y de otro tensiona al máximo la vida interna parlamentaria. La próxima sesión, que en principio se concretará el jueves, es considerada crítica. Uno de los temas que figuraba en la agenda era un plan completo de política cultural estatal, que incluía la creación de un Ente Tucumán Cultura (imitación del de turismo), autárquico y autónomo.
Sin embargo, y pese a que se consideraba que el tema estaba acordado con la Casa de Gobierno y no era conflictivo, los ultraoficialistas advirtieron que, de ser sancionado, se corre el riesgo de un veto del gobernador. La duda es si realmente hay objeciones de fondo contra el proyecto o sólo se trata de una reacción política.
El miércoles se reunirá la Labor Parlamentaria (el viernes pasado pasó a un cuarto intermedio) para definir el temario de la sesión. Hasta ahora, sólo se habría acordado el tratamiento de dos decretos de necesidad y urgencia (DNU): la adhesión a una norma nacional de microcréditos para organizaciones no gubernamentales (sería reemplazado por una ley) y la apertura de los archivos históricos de la década del 70.

Uno o dos
Luego de resuelto el orden del día, el bloque justicialista mantendrá una reunión crucial, de la cual pueden salir dos bancadas. Será la primera vez que los 26 legisladores del PJ sean citados a un mismo espacio para discutir luego de la crisis generada al momento de tratar el DNU referido a la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Hasta ahora, todas las apuestas coinciden en que el ultraoficialismo debutará con una estructura propia antes de fin de mes.
La estrategia de los legisladores de Alperovich será determinante para lo que resta del año. Hay una larga lista de temas de trascendencia institucional que deben ser tratados en la Cámara en los próximos 90 días, y cuya resolución incidirá directamente en el próximo año. Entre ellos, se mencionan especialmente el sistema electoral (aplicación concreta del régimen de acople creado en la cuestionada Constitución provincial); la modificación de la ley 7.622 (regula la disposición final de la basura) y el presupuesto 2007, que aún no ingresó a la Legislatura. Además, el jurismo decidió no ratificar ningún DNU; en caso de estar de acuerdo con alguno, la propuesta es votar una ley con el mismo texto, con el apoyo de los opositoras.
Todo indica que buena parte de la pelea del PJ se dará entre los escaños parlamentarios.

La Justicia penal deberá determinar si el gobernador, José Alperovich, incurrió en un delito de acción pública cuando en sus declaraciones acusó a legisladores de la oposición de haberse enriquecido con fondos del Estado.
Los legisladores Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) y Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas) impulsaron una denuncia ante el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, y le reclamaron la apertura de una investigación penal preparatoria sobre los dichos del mandatario. La presentación es independiente de la respuesta de Alperovich a las cartas documento que le enviaron los opositores. En la contestación, el mandatario los desvinculó de sus dichos.
A criterio de los opositores, el gobernador incumplió la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de denunciar en la Justicia todo hecho presuntamente delictivo que llegue a su conocimiento. "Si sabe que hay legisladores que se han enriquecido, debe identificarlos. Al omitir hacerlo, incumple con deberes que le son exigibles", remarcaron. Cuestionaron también el anuncio del gobernador de que no llamará a licitación pública para el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, origen de la disputa política entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
Los opositores interpretaron esa negativa como una velada amenaza. Recordaron que la licitación pública es el mecanismo natural de contratación del Estado, y advirtieron que el artículo 248 del Código Penal reprime con prisión e inhabilitación al funcionario que dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución y a las leyes, como sería obviar el llamado a ofertas. "Esa obligación no puede ser suplantada por un capricho", aseveraron.

El carácter de las internas partidarias en las que se definirán los candidatos para los comicios de 2007 será el punto clave cuando se potencien las discusiones demoradas sobre el nuevo régimen electoral. El actual sistema obliga a realizar una primaria abierta, en la cual puedan votar afiliados e independientes; pero el legislador jurista Juan Eduardo Rojas propone que en el futuro la elección sea cerrada, simultánea y obligatoria, por lo cual no podrán participar quienes no estén afiliados a algún partido. También impulsa que la Junta Electoral Provincial actúe de modo preventivo, para impedir que simpatizantes de un partido voten en otro. "Se evitará la compra indiscriminada de voluntades, con la única finalidad de beneficiar al candidato que posea mayor poder o caudal económico", sostiene. La propuesta de Rojas mantiene la obligatoriedad de alcanzar un piso de votos del 10% de los afiliados para oficializar candidaturas, pero elimina la exigencia de la interna en caso de que se haya consensuado una lista única.