Fueron cuatro horas con cuarenta minutos de mucha intensidad, lapso durante el cual el abogado Alfredo Ducca defendió persistentemente su forma de proceder en el caso Borquez. Este fue el detonante de la crisis que conmueve a la Justicia Federal y la causa principal de que el titular del juzgado número dos, Felipe Terán, afronte un proceso de destitución, además de estar imputado penalmente -como Ducca- por su presunta participación en una tentativa de defraudación contra el Estado nacional con títulos de la deuda pública.
A las 8.10, en compañía de su abogado, Luis Acosta, Ducca llegó al quinto piso del edificio de Las Piedras al 400, donde funciona el juzgado número dos, hoy a cargo de Mario Racedo, porque Terán está suspendido como consecuencia del proceso de remoción que le siguen. Pero apenas diez minutos más tarde, Ducca y Acosta se retiraron de la secretaría penal (en ella está actuando, luego de una cadena de excusaciones, Carlos García Alonso, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones).
A las 8.40 ingresó el fiscal federal Carlos Brito, y cinco minutos más tarde, lo hizo, otra vez, el imputado. Entonces, se cerraron las puertas para la prensa y comenzó la declaración indagatoria.
Mujeres diferentes
Ducca reconoció que él había actuado como patrocinante de Inés Yolanda Borquez, en la demanda confeccionada por él y promovida contra el Estado nacional, en el afán de lograr que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de que la Argentina, salida de la convertibilidad mediante, había entrado en cesación de pagos (“default”). No obstante, precisó que no la conocía, aunque sí a la hija de aquella, Cristina de Fátima Atim, quien -según declaró- le pidió que asumiera el caso. Ambas mujeres están imputadas en la causa en carácter de presuntas autora y coautora.
Ducca se habría cerrado en que la demanda había sido entablada por U$S 620.000 en Bontes 02 y 03, pese a que Borquez, el 26 de diciembre de 2005, se presentó ante Brito y afirmó que había accionado por Bontes 02. Asimismo, Ducca señaló que no estaba al tanto del movimiento de títulos en la cuenta.
El imputado también habría dado su versión de por qué en algunos pasajes de la demanda dice Bontes 02 y, en otros, Bontes 02 y 03. Precisamente, la medida cautelar a favor de Borquez, dispuesta por Terán, ordenaba al Estado que se abstuviera de pesificar (a $ 1,40 más CER) los títulos Bontes 02 y 03 depositados en la cuenta de la mujer. En efecto, el 24 de febrero de 2005, después de la resolución del magistrado, ingresaron a la cuenta de Borquez U$S 1 millón en Bontes 02 y U$S 3 millones en Bontes 03, que, supuestamente, también iban a beneficiarse con la medida cautelar, que disponía el pago de la renta (de los bonos) pero según la cotización del dólar en el mercado libre.
Borquez había manifestado que estaba convencida de que su abogado era Daniel Martín, no Ducca. Este último expresó que era amigo de Martín y habría agregado que, aunque no tenía relación profesional con él, lo había facultado para que diligenciara oficios, como había hecho con otros abogados.
Finalmente, Ducca habría explicado que mencionó que Borquez padecía una enfermedad, pero habría precisado que no lo había hecho para fundar una pretensión particular (la normativa que pesificó los títulos reconocía excepciones para los enfermos), sino por simple analogía con demandas similares. En todo momento, insistió en que perseguía la declaración de inconstitucionalidad de la normativa.
A las 8.10, en compañía de su abogado, Luis Acosta, Ducca llegó al quinto piso del edificio de Las Piedras al 400, donde funciona el juzgado número dos, hoy a cargo de Mario Racedo, porque Terán está suspendido como consecuencia del proceso de remoción que le siguen. Pero apenas diez minutos más tarde, Ducca y Acosta se retiraron de la secretaría penal (en ella está actuando, luego de una cadena de excusaciones, Carlos García Alonso, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones).
A las 8.40 ingresó el fiscal federal Carlos Brito, y cinco minutos más tarde, lo hizo, otra vez, el imputado. Entonces, se cerraron las puertas para la prensa y comenzó la declaración indagatoria.
Mujeres diferentes
Ducca reconoció que él había actuado como patrocinante de Inés Yolanda Borquez, en la demanda confeccionada por él y promovida contra el Estado nacional, en el afán de lograr que fuera declarada inconstitucional la normativa que pesificó los títulos de la deuda pública tras la declaración de que la Argentina, salida de la convertibilidad mediante, había entrado en cesación de pagos (“default”). No obstante, precisó que no la conocía, aunque sí a la hija de aquella, Cristina de Fátima Atim, quien -según declaró- le pidió que asumiera el caso. Ambas mujeres están imputadas en la causa en carácter de presuntas autora y coautora.
Ducca se habría cerrado en que la demanda había sido entablada por U$S 620.000 en Bontes 02 y 03, pese a que Borquez, el 26 de diciembre de 2005, se presentó ante Brito y afirmó que había accionado por Bontes 02. Asimismo, Ducca señaló que no estaba al tanto del movimiento de títulos en la cuenta.
El imputado también habría dado su versión de por qué en algunos pasajes de la demanda dice Bontes 02 y, en otros, Bontes 02 y 03. Precisamente, la medida cautelar a favor de Borquez, dispuesta por Terán, ordenaba al Estado que se abstuviera de pesificar (a $ 1,40 más CER) los títulos Bontes 02 y 03 depositados en la cuenta de la mujer. En efecto, el 24 de febrero de 2005, después de la resolución del magistrado, ingresaron a la cuenta de Borquez U$S 1 millón en Bontes 02 y U$S 3 millones en Bontes 03, que, supuestamente, también iban a beneficiarse con la medida cautelar, que disponía el pago de la renta (de los bonos) pero según la cotización del dólar en el mercado libre.
Borquez había manifestado que estaba convencida de que su abogado era Daniel Martín, no Ducca. Este último expresó que era amigo de Martín y habría agregado que, aunque no tenía relación profesional con él, lo había facultado para que diligenciara oficios, como había hecho con otros abogados.
Finalmente, Ducca habría explicado que mencionó que Borquez padecía una enfermedad, pero habría precisado que no lo había hecho para fundar una pretensión particular (la normativa que pesificó los títulos reconocía excepciones para los enfermos), sino por simple analogía con demandas similares. En todo momento, insistió en que perseguía la declaración de inconstitucionalidad de la normativa.







