Por Redacción Política
10 Octubre 2006
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El malestar generado en la Cámara por la acusación del gobernador, José Alperovich, acerca de que legisladores de la oposición se han enriquecido merced al Estado derivó ayer en una cuestión de privilegio contra el mandatario.
El planteo fue firmado por el radical Juan Roberto Robles, quien considera que los dichos de Alperovich atacaron "la majestad y la honorabilidad del Poder Legislativo en su conjunto, y no una investidura en particular". Robles agrega en el texto que las palabras del mandatario generan un menoscabo al funcionamiento libre y democrático de las instituciones, por lo cual el gobernador debe ser sancionado.
El dirigente de la UCR se basó en el artículo 65 de la Constitución provincial, que habilita a la Legislatura a corregir con arresto de hasta un mes a toda persona de fuera de su seno que ofendieren o amenazare a algún legislador en su persona o bienes por su proceder en la Legislatura, entre otras causales. También dispone que la Cámara puede ordenar el enjuiciamiento del infractor por los tribunales ordinarios. La resolución sancionatoria que se dicte puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
"Para hacer política hay que tener códigos y memoria. Alperovich fue presidente de la comisión de Hacienda durante el gobierno de Antonio Bussi; y luego, ministro de Economía e inventor de la Caja Unica con Julio Miranda, verdadero agujero negro de las finanzas provinciales, en momentos en que se instalaban las cuevas que cambiaban los títulos públicos y los bonos con desagios de hasta el 20%", recordó.
Una querella
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) ratificó su predisposición a iniciar contra el mandatario una querella criminal por calumnias e injurias, ya que no se rectificó en lo que respecta a su persona. La acción penal la concretaría en esta semana, junto con el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas).
El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, por su parte, dijo que las palabras del mandatario perjudican a las instituciones. "Si los legisladores realmente quieren aclarar el tema de su enriquecimiento, tienen facultades para hacerlo, ordenando que el gobernador comparezca al recinto para que explique sus dichos, si la Justicia no actúa de oficio", afirmó.
El planteo fue firmado por el radical Juan Roberto Robles, quien considera que los dichos de Alperovich atacaron "la majestad y la honorabilidad del Poder Legislativo en su conjunto, y no una investidura en particular". Robles agrega en el texto que las palabras del mandatario generan un menoscabo al funcionamiento libre y democrático de las instituciones, por lo cual el gobernador debe ser sancionado.
El dirigente de la UCR se basó en el artículo 65 de la Constitución provincial, que habilita a la Legislatura a corregir con arresto de hasta un mes a toda persona de fuera de su seno que ofendieren o amenazare a algún legislador en su persona o bienes por su proceder en la Legislatura, entre otras causales. También dispone que la Cámara puede ordenar el enjuiciamiento del infractor por los tribunales ordinarios. La resolución sancionatoria que se dicte puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia.
"Para hacer política hay que tener códigos y memoria. Alperovich fue presidente de la comisión de Hacienda durante el gobierno de Antonio Bussi; y luego, ministro de Economía e inventor de la Caja Unica con Julio Miranda, verdadero agujero negro de las finanzas provinciales, en momentos en que se instalaban las cuevas que cambiaban los títulos públicos y los bonos con desagios de hasta el 20%", recordó.
Una querella
El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) ratificó su predisposición a iniciar contra el mandatario una querella criminal por calumnias e injurias, ya que no se rectificó en lo que respecta a su persona. La acción penal la concretaría en esta semana, junto con el legislador Alejandro Sangenis (Movimiento Popular 3 Banderas).
El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, por su parte, dijo que las palabras del mandatario perjudican a las instituciones. "Si los legisladores realmente quieren aclarar el tema de su enriquecimiento, tienen facultades para hacerlo, ordenando que el gobernador comparezca al recinto para que explique sus dichos, si la Justicia no actúa de oficio", afirmó.
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