A Parache lo esperan para un descargo

La decisión del juez federal Jorge Parache de disponer que los ex gobernadores de facto de Tucumán y de Córdoba, Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, sean trasladados a una cárcel común tiene como marco una coyuntura especialmente delicada para el magistrado. La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM) lleva adelante un sumario en su contra en el afán de determinar si incurrió en alguna causal que amerite su destitución.
Aunque la resolución de Parache tiene fecha del lunes, fue conocida ayer, cuando, coincidentemente, se hizo público que la comisión de Acusación del CM había decidido citarlo para que el jueves 19 del corriente amplíe su descargo, que está pendiente desde hace cinco meses, desde el 16 de mayo.
El miércoles 18, el día anterior al fijado para que Parache comparezca ante el CM, también en la Capital Federal, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (JEM) anunciará si Felipe Terán, titular del juzgado número dos de Tucumán (Parache es el número uno), será destituido o repuesto en el cargo, en el que está suspendido desde el 12 de junio.
Aunque comenzaron juntas en el CM, las actuaciones contra ambos jueces circulan por órganos diferentes ya que, en el caso de Terán, el 8 de junio, el pleno del Consejo de la Magistratura decidió suspenderlo y acusarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento.
El origen de ambas actuaciones es el mismo: una auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, realizada en agosto de 2005 en ambos juzgados. El relevamiento detectó presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares reclamaban contra el Estado, como consecuencia de la normativa que pesificó los títulos públicos tras la declaración, de diciembre de 2001, de que la Argentina había entrado en “default” (cesación de pagos) tras la salida de la convertibilidad.