Podrían alojar a Bussi en Villa Urquiza

En el ocaso de la jornada de ayer, las luces del juzgado federal Nº 1 estaban aún encendidas. El juez Jorge Parache acababa de dar a conocer una resolución que había redactado el lunes. El magistrado dispuso que el ex gobernador de facto y constitucional Antonio Domingo Bussi sea trasladado al penal de Villa Urquiza. La resolución comprende también a Luciano Benjamín Menéndez, que gobernó -de facto- en Córdoba.
Bussi se encuentra detenido en la Guarnición Munición Militar, que durante la dictadura (1976-1983) se denominaba Arsenal Miguel de Azcuénaga, mientras que Menéndez está en Córdoba a disposición de la Justicia. Ambos están imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Parache hizo lugar al planteo del fiscal federal número uno, Emilio Ferrer. Este funcionario judicial, en su requerimiento, sostuvo que tanto Bussi como Menéndez están procesados por delitos graves de lesa humanidad. Añadió que el orden jurídico vigente establece que, en esos casos, los detenidos no pueden ser alojados en cárceles especiales o que pertenecen a la misma fuerza que ellos.
Si bien Parache ya dispuso el traslado, el abogado de ambos militares retirados, Horacio Conesa Mones Ruiz, tiene previsto apelar la decisión. Como consecuencia, no sería inmediata el cumplimiento de la orden, ya que habría pasos procesales que podrían demorar o frustrar la resolución.

Con otros 45 internos
En el caso de que Bussi y Menéndez fueran a Villa Urquiza, las comodidades no serán de las mejores para estos generales (r) de 80 y de 79 años, respectivamente. El lugar que les correspondería es el que está destinado a los ex agentes de seguridad que cumplen condenas. No estarán junto a los presos comunes, pero tendrán que habilitarles una cama a cada uno junto a otros 45 detenidos, que también utilizan el mismo baño.

El criterio aplicado
La decisión de Parache se apoyó en el criterio de que “a las Fuerzas Armadas les está vedado ejercer funciones de custodia y de seguridad de los presos a disposición de los tribunales ordinarios”. El magistrado recordó que el 5 de mayo pasado, el Ministerio de Defensa, por medio de la resolución 444, dispuso: “promover por intermedio de este Ministerio o de la Procuración del Tesoro de la Nación la reconsideración ante las autoridades jurisdiccionales de las decisiones que establecieron el alojamiento de personas acusadas-procesadas por delitos contenidos en el Código Penal en dependencias de las Fuerzas Armadas”.
Cuando ya estaban apagadas las luces del despacho de Parache, se encendieron los ánimos en la Línea Fundacional de Fuerza Republicana. Su líder, Luis José Bussi, anunció acciones político-judiciales contra la decisión que, de ejecutarse, llevaría a su padre a Villa Urquiza.