La pelea política impide que se defina el futuro de los residuos

La pelea política en el seno del oficialismo dejó en segundo plano la discusión técnica respecto del futuro de los residuos sólidos urbanos. Hoy, la comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara retomará el estudio de las modificaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo a la Ley 7.622 (referida a la gestión integral de la basura).
La urgencia está planteada por la proximidad del cierre de la planta de tratamiento de Pacará Pintado, en donde los municipios del Gran San Miguel de Tucumán depositan sus desechos. El apto ambiental habilita el funcionamiento de ese predio hasta el 30 de agosto de 2007. En ese vencimiento justificó el PE la necesidad de que la Cámara sancione el lunes el decreto modificatorio de la norma.
El rechazado DNU había sido redactado para adecuar la ley con el proceso de licitación encarado por el PE. El pliego contempla el diseño, la construcción y la operación de una planta de disposición final de los residuos en Monte Redondo (bajo el método de relleno sanitario) y de una planta de transferencia de la basura para el área metropolitana (estará ubicada en San Felipe) por los próximos 20 años.
Sin embargo, los sustanciales cambios a las pautas fijadas por la Legislatura en setiembre de 2005 fueron los que determinaron el rechazo “in limine” del decreto. Los mayores cuestionamientos de los parlamentarios están centrados en la elección de un relleno sanitario como único método de disposición final de los residuos (ese método utiliza el Ceamse en Buenos Aires). La ley original es mucho más amplia y prevé la posibilidad de que se utilicen otros sistemas para el tratamiento de la basura.
Preocupa, además, la postergación del proceso de clasificación y de separación de los residuos en la planta de San Felipe. El pliego licitatorio aclara que ese sistema comenzará a regir a partir de los 12 meses de la entrada en vigencia del contrato entre el PE y la empresa adjudicataria. Con esta dilación, los 350 cartoneros que hoy trabajan en Pacará Pintado podrían perder su fuente laboral.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de los residuos derivados al relleno sanitario debe implementarse en forma paulatina, ya que previamente se requiere de una campaña de concientización ciudadana: se busca que la gente separe los elementos que pueden ser reciclados en su domicilio.
El DNU retomaba uno de los puntos más cuestionados por los legisladores: la creación de consorcios intermunicipales. A pesar de que asumía la responsabilidad principal, la Provincia pretendía que los municipios participaran (con recursos) en el sostenimiento del sistema. Inclusive, el decreto rechazado dejaba en manos del PE la posibilidad de fijar el sistema de cálculo de las tarifas que deberán abonar los municipios, a través de deducciones de los fondos coparticipables. Las dudas están centradas en el elevado costo que tendría el sistema previsto: U$S 25 por tonelada de basura.
Los legisladores, en un plazo autoimpuesto de 30 días, deberán analizar también los motivos por los cuales el Gobierno no previó, antes de elaborar el pliego de licitación, la construcción de caminos alternativos hasta el predio de Monte Redondo (con ello se acortarían distancias).
A causa de las demoras que sufrió el proceso licitatorio, el Gobierno había solicitado que se extendiera el límite pautado para la aplicación de un programa de eliminación de basurales a cielo abierto (hay más de 400 en toda la provincia). Pretende que comience a regir en 2008 y finalice en 2013.
El decreto, finalmente, modificaba el plazo de inhabilitación automática para aquellas empresas que hayan sido sancionadas por incumplimientos a la ley en los últimos 10 años. Mientras los legisladores dispusieron un lapso de 10 años, el PE pretende reducir esa limitación a sólo dos años.


- La Ley 7.622 (sancionada en 2005) prevé que se clasifiquen y se separen los residuos. El PE pide que ese sistema se aplique en forma paulatina y que, en una primera etapa, toda la basura sea tratada con un sistema de relleno sanitario.

- La norma marco deja en manos de la Provincia la gestión de los residuos. El Gobierno propone que los municipios cedan coparticipación para afrontar los costos.

- La Cámara propuso la construcción de caminos alternativos hasta el predio de disposición final de Monte Redondo, con el objetivo de reducir distancias y abaratar costos. El PE no contempló esa posibilidad.


El 16 de agosto de 2005, la Cámara aprobó por unanimidad la Ley 7.622. Con ella, la Provincia (antes eran los municipios) se transforma en la autoridad de aplicación de la norma y debe asumir la responsabilidad de la gestión integral de los residuos (disposición final de la basura domiciliaria).

- Acceso a financiamiento del Banco Mundial (BM)
Durante 2005, técnicos de una federación ambiental porteña trabajaron en Tucumán y en Chubut, las dos provincias elegidas por el BM para la aplicación de un plan piloto sobre los residuos.

- Sorpresivo cambio de planes de la Provincia
Por recomendación del BM, el PE desistió de construir tres plantas de clasificación de la basura para el Gran San Miguel de Tucumán y propuso, en cambio, sólo una. En junio se puso en marcha la licitación internacional, pero la Provincia consideró que los costos del servicio eran elevados y planteó la posibilidad de encarar la licitación por su cuenta.

- Elaboración de un pliego licitatorio
En setiembre, el Gobierno giró a la Legislatura el decreto 26/3, a través del cual modifica puntos clave de la norma para adecuarla con el nuevo pliego licitatorio. En ese momento se generó un choque con la Cámara, que derivó en un freno del proyecto oficial.

- Indefinición sobre el destino final de la basura
Los residuos del Gran San Miguel de Tucumán (700 toneladas por día) se depositan en Pacará Pintado desde 2004. Ediles y legisladores aseguran que el predio está colapsado. Sin embargo seguirá siendo el depósito de los desechos hasta fines de 2007.