Fueron casi tres horas. Entre las 9.05 y las 11.50, Inés Yolanda Borquez declaró ayer como presunta autora de una tentativa de defraudación contra el Estado nacional ante el juez federal subrogante Mario Racedo y el fiscal federal Carlos Brito, que impulsó la investigación inicial.
La docente jubilada, junto a su hija Cristina Atim (también declaró como presunta autora), era titular de la cuenta comitente, en la cual se habrían producido maniobras irregulares que derivaron en la apertura de la investigación penal y en el pedido de destitución contra el suspendido juez Felipe Terán, que será resuelto el 18 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Terán, además, en la causa penal, está imputado por presunta participación y fue citado para que el 30 preste declaración indagatoria.
Días antes de que, en noviembre de 2004, Borquez demandara al Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras la declaración de default (cesación de pagos) que siguió a la salida de la convertibilidad, en la cuenta fueron acreditados U$S 620.000 en bonos. En febrero de 2005, luego de que Terán dispuso una medida cautelar a favor de la mujer (ordenaba la devolución de los intereses respetando la cotización del dólar en el mercado libre), fueron depositados U$S 4 millones. Finalmente, con acreencias e intereses, la suma ascendía a U$S 5.2 millones.
Atim declaró más tiempo aún que su madre, entre las 12 y las 15.30. Las preguntas a las imputadas giraron, principalmente, sobre el origen de los recursos con los cuales adquirieron los papeles públicos y sobre la actuación de los abogados que intervinieron, Daniel Martín y Alfredo Ducca. Estos deberán comparecer -también como imputados- el martes y el miércoles.
El 24 será el turno del sexto imputado: el ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles. Antes, para el lunes, fue citada como testigo la ex abogada de esa cartera, Laura Alercia (defendía al Estado).
Sin el médico
Borquez y Atim se retiraron sin hablar con la prensa. Comparten defensores: Juan Carlos Malek y César Merlo. “Vinieron a declararon porque están dispuestas a facilitar la investigación. Ellas son inocentes, no cometieron ningún ilícito, pero no podemos evaluar la situación porque lo que digamos tendría una relación íntima con la causa y violaría el secreto de sumario”, afirmó Malek.
El letrado insistió: “una defensa bien entendida implica colaborar para alcanzar la realidad material de los hechos; los abogados somos auxiliares de la Justicia, más allá de defender a nuestros clientes”. Luego, confirmó que Borquez estaba en condiciones de declarar, pese a que atraviesa un momento muy doloroso (falleció una hija hace poco tiempo), y que no necesitó ser acompañada por su médico, lo que había sido autorizado por Racedo.
Merlo recordó que en 2005, por instrucciones de Borquez y de Atim, había acercado a Brito toda la información disponible sobre el manejo de los recursos. “No tienen nada que ocultar”, destacó.
La docente jubilada, junto a su hija Cristina Atim (también declaró como presunta autora), era titular de la cuenta comitente, en la cual se habrían producido maniobras irregulares que derivaron en la apertura de la investigación penal y en el pedido de destitución contra el suspendido juez Felipe Terán, que será resuelto el 18 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Terán, además, en la causa penal, está imputado por presunta participación y fue citado para que el 30 preste declaración indagatoria.
Días antes de que, en noviembre de 2004, Borquez demandara al Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras la declaración de default (cesación de pagos) que siguió a la salida de la convertibilidad, en la cuenta fueron acreditados U$S 620.000 en bonos. En febrero de 2005, luego de que Terán dispuso una medida cautelar a favor de la mujer (ordenaba la devolución de los intereses respetando la cotización del dólar en el mercado libre), fueron depositados U$S 4 millones. Finalmente, con acreencias e intereses, la suma ascendía a U$S 5.2 millones.
Atim declaró más tiempo aún que su madre, entre las 12 y las 15.30. Las preguntas a las imputadas giraron, principalmente, sobre el origen de los recursos con los cuales adquirieron los papeles públicos y sobre la actuación de los abogados que intervinieron, Daniel Martín y Alfredo Ducca. Estos deberán comparecer -también como imputados- el martes y el miércoles.
El 24 será el turno del sexto imputado: el ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles. Antes, para el lunes, fue citada como testigo la ex abogada de esa cartera, Laura Alercia (defendía al Estado).
Sin el médico
Borquez y Atim se retiraron sin hablar con la prensa. Comparten defensores: Juan Carlos Malek y César Merlo. “Vinieron a declararon porque están dispuestas a facilitar la investigación. Ellas son inocentes, no cometieron ningún ilícito, pero no podemos evaluar la situación porque lo que digamos tendría una relación íntima con la causa y violaría el secreto de sumario”, afirmó Malek.
El letrado insistió: “una defensa bien entendida implica colaborar para alcanzar la realidad material de los hechos; los abogados somos auxiliares de la Justicia, más allá de defender a nuestros clientes”. Luego, confirmó que Borquez estaba en condiciones de declarar, pese a que atraviesa un momento muy doloroso (falleció una hija hace poco tiempo), y que no necesitó ser acompañada por su médico, lo que había sido autorizado por Racedo.
Merlo recordó que en 2005, por instrucciones de Borquez y de Atim, había acercado a Brito toda la información disponible sobre el manejo de los recursos. “No tienen nada que ocultar”, destacó.







