Siguen las ramificaciones de la investigación penal abierta por la causa Borquez. El juez federal subrogante Mario Racedo solicitó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (JEM) que le envíe las versiones taquigráficas de las declaraciones de los 17 testigos que la semana pasada testimoniaron en Buenos Aires en el marco del proceso de destitución que, por el mismo tema, le siguen al juez Felipe Terán.
El jueves, Racedo requirió que le enviaran las declaraciones que el día anterior habían efectuado dos funcionarios y un empleado del juzgado federal número dos, además de un oficial de Justicia, porque podrían tener relevancia para la causa penal. En esta está imputado el propio Terán por presunta tentativa de defraudación contra el Estado con títulos públicos. Pero al otro día el fiscal federal Carlos Brito solicitó que también fuera pedido el testimonio de los otros 13 testigos.
Mientras tanto, hoy declararán ante Racedo las dos principales imputadas, Yolanda Borquez y su hija, Cristina Atim, en el carácter de presuntas autora y coautora, respectivamente.
En la causa investigan por qué, cuando entabló una demanda contra la normativa que pesificó los títulos públicos tras el "default", de 2001, acompañó certificado de tenencia de bonos por sólo U$S 620.000 y luego de que Terán dictó una medida cautelar a su favor, en su cuenta había casi U$S 5 millones.
El jueves, Racedo requirió que le enviaran las declaraciones que el día anterior habían efectuado dos funcionarios y un empleado del juzgado federal número dos, además de un oficial de Justicia, porque podrían tener relevancia para la causa penal. En esta está imputado el propio Terán por presunta tentativa de defraudación contra el Estado con títulos públicos. Pero al otro día el fiscal federal Carlos Brito solicitó que también fuera pedido el testimonio de los otros 13 testigos.
Mientras tanto, hoy declararán ante Racedo las dos principales imputadas, Yolanda Borquez y su hija, Cristina Atim, en el carácter de presuntas autora y coautora, respectivamente.
En la causa investigan por qué, cuando entabló una demanda contra la normativa que pesificó los títulos públicos tras el "default", de 2001, acompañó certificado de tenencia de bonos por sólo U$S 620.000 y luego de que Terán dictó una medida cautelar a su favor, en su cuenta había casi U$S 5 millones.







