Alperovich insiste con el DNU sobre los residuos urbanos

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 26/3 del Poder Ejecutivo, sobre el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos, será mañana el centro del debate parlamentario. Si bien la mayoría de los legisladores se comprometió a rechazar la propuesta del Gobierno, los más afines a José Alperovich podrían votar a favor del DNU, como muestra de fidelidad. El propósito es que, si se produce una derrota, no sea por unanimidad.
La iniciativa fue defendida por el mismo gobernador, quien ayer regresó (a las 10) de su gira por Italia. El tema de la basura fue seguido de cerca por el mandatario y constituyó su mayor preocupación en las últimas horas. A tal punto que instruyó a los funcionarios del área para que hablen con los legisladores ultraoficialistas y les expliquen el contenido de la norma; fue la única actividad que concretó ayer, día de la festividad judía de Yom Kippur (Día del Perdón).
"No quiero anticiparme a la resolución que vaya a tomar la Legislatura. Respetaré la decisión que se adopte, porque en Tucumán existe la división plena de poderes. Pero sostengo que la propuesta que remitimos es la mejor solución para este tema, en momentos en que los tiempos apremian y no es posible permitirse dilaciones. Cuando antes haya una definición, mejor", sostuvo, en un breve diálogo con LA GACETA.

Declaración parlamentaria
En reemplazo del DNU, se aprobará una simple declaración (sin fuerza de ley), en la cual le recordarán al PE las pautas básicas que debe tener la licitación. Sin embargo, este pronunciamiento le dejará las manos libres para definir el nuevo texto, que deberá ser analizado otra vez en la Cámara. Los puntos más sensibles de la iniciativa del Gobierno, en la visión de los legisladores, están referidos al costo elevado (se calculan U$S 25 por tonelada); a las rutas de acceso a donde se dispondrá la basura (exigen que no pasen por poblaciones establecidas); a la distancia desde los municipios alcanzados por el plan a la planta de disposición final; a que no se mencione la separación previa de los residuos entre reciclables y no reciclables, y al sistema de relleno sanitario, sobre el cual los opositores mantienen serias reservas.
Las críticas también alcanzan la ampliación del plazo para aplicar la ley 7.622 (se pasa de dos a cinco años); la delegación en el Gobierno de la manera de financiar el programa y calcular las tarifas que deberán abonar los municipios (considerada violatoria de la autonomía fijada en la Constitución provincial) y la disposición de que la erradicación de basurales comience a partir de 2008 (estaba prevista desde el año pasado).
En el PE se analizan ya alternativas. Aunque no se diga en voz alta, la opción es mantener abierto Pacará Pintado.