Temen por el alto costo que tendrá una licitación

Cuando mañana la Legislatura rechace el decreto 26/3 del Poder Ejecutivo, los intendentes del Gran San Miguel de Tucumán respirarán aliviados. Sucede que el plan del Gobierno para la gestión de los residuos sólidos urbanos puede transformarse en un dolor de cabeza extra para los jefes municipales.
Además de estirar los plazos de aplicación del sistema de clasificación de los residuos, el DNU firmado por el gobernador, José Alperovich, retoma uno de los puntos más cuestionados por legisladores y ediles opositores: la creación de consorcios intermunicipales.
A pesar de asumir la responsabilidad principal, la Provincia pretende que los municipios participen (con recursos) en el sostenimiento del sistema. Inclusive, el decreto que será rechazado mañana por oficialistas y opositores deja en manos del PE la posibilidad de fijar el sistema de cálculo de las tarifas que deberán abonar los municipios, a través de deducciones de los fondos coparticipables.
Ese punto es el que crispa los nervios de los intendentes, especialmente cuando escuchan en los pasillos legislativos y gubernamentales el costo que tendría el sistema de disposición final previsto por el Gobierno: U$S 25 por tonelada de basura. A esa cifra debe sumarselo que insumirán el diseño y la construcción de una planta de transferencia en San Felipe y otra de relleno sanitario en Monte Redondo. Los números que se barajan llegan a triplicar los que actualmente recibe la empresa que administra Pacará Pintado. En la planta de San Andrés se depositan los residuos de la capital (400 toneladas por día), de Banda del Río Salí (20), de Yerba Buena (40) y de Las Talitas (15). En forma mensual, la compañía recibe $ 700.000 por esa tarea. Los ingresos mayoritarios provienen de la capital ($ 270.000) y de Yerba Buena ($ 140.000).
"Es necesario el cambio, pero está claro que será mucho más caro", reconoció el concejal radical, Raúl Pellegrini. "El nuevo predio de disposición final está muy lejos (más de 20 kilómetros de la capital), por lo que el costo del flete será mayor", aseveró por su parte un funcionario de primera línea del municipio del oeste.

Oposición parlamentaria
El titular de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara, Alejandro Sangenis (MP3), justificó el rechazo conjunto al decreto. "El trabajo de dos años fue tirado por la borda por el PE. El decreto corrompe liminarmente una política estratégica", se quejó.
El legislador considera razonables los temores de los intendentes en cuanto al costo estipulado por el Gobierno. "En 20 años (tiempo por el que se licitará el servicio), la inversión estatal crecerá hasta casi U$S 120 millones, sin contar los costos de amortización y de recolección domiciliaria. Me parece que hay funcionarios que priorizan el acto licitatorio a la legitimidad social, el trabajo responsable y las políticas públicas estratégicas. El rechazo al DNU hace caer el pliego de licitación", dijo.
Sangenis, además, objetó que el PE sólo prevea el sistema de relleno sanitario para la disposición final de los residuos. "Sin clasificación, el daño ambiental y sanitario crecerá en forma terrorífica e irreparable", advirtió.

Seis plantas de disposición final de los residuos, el reciclado de todos los elementos factibles de ser comercializados y la utilización del relleno sanitario (como sistema de tratamiento de la basura) sobre apenas un 8% del total de los desechos recolectados. Los ítems mencionados corresponden a una propuesta oficial de gestión ambiental que la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Tucumán) formuló, en noviembre de 2004, al Gobierno provincial.
El documento de 17 fojas, al que tuvo acceso LA GACETA, fue elaborado por los especialistas de la UTN a pedido del Poder Ejecutivo. En aquel momento, la Provincia había accedido a financiamiento del Banco Mundial (junto con Chubut) para la aplicación de un plan piloto integral en torno a la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Ante la convocatoria del Gobierno, la institución entregó un proyecto global de solución para la problemática de los desechos. En su carpeta incluyó los costos estimados (sustancialmente más bajos que los previstos en una licitación internacional), un detalle del plan a ejecutar, una campaña de concientización ciudadana y hasta un programa tentativo para el cierre de los basurales a cielo abierto.
Aquella propuesta de la UTN cobra dimensión ante la dilación que evidencia el proceso de gestión de los residuos encarado por el PE. Durante el último año, el Estado se apartó del financiamiento internacional (adujo que los costos serían elevados), modificó el plan original (en lugar de tres plantas para la clasificación de los residuos dispuso sólo una) y, recientemente, solicitó que los plazos legales sean flexibilizados (lo que incluye la postergación del proyecto de separación de la basura). En efecto, el pliego de licitación para el diseño, la construcción y la explotación de un centro de transferencia en San Felipe y de una planta de disposición final en Monte Redondo recién fue elaborado. Esto implicaría que, en caso de no sufrir nuevos contratiempos, el futuro régimen de gestión de los residuos comience a funcionar (sólo parcialmente) a fines de 2007 en el Gran San Miguel de Tucumán.
En su proyecto, elevado al Ministerio de Desarrollo Productivo, la Tecnológica fomentó la participación de diversas áreas del Gobierno, de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.