La solemnidad y la formalidad caracterizan al proceso

BUENOS AIRES.- Si algo caracteriza un proceso de destitución como el que afronta Felipe Terán por presunto mal desempeño en causas vinculadas a títulos públicos son la solemnidad y la formalidad con que se desarrollan las audiencias en las que declaran los testigos y en las que las partes (acusación y defensa) efectúan sus alegatos.
Desde que los testigos llegan y se acreditan (en el caso del procedimiento contra Terán fueron, 17 entre el lunes y el miércoles) son prácticamente aislados en un pasillo lateral y en una antesala, donde les informan que deben prestar juramento y que si mienten podrían incurrir en el delito de falso testimonio. También les indican que deben contestar mirando al presidente del Jurado de Enjuiciamiento (JEM, Eugenio Raúl Zaffaroni) y no a las partes, con las que no deben entrar en diálogo, salvo que ellas les formulen alguna pregunta. Además, para evitar que hablen sobre el proceso entre ellos o con personas que eventualmente pudieran encontrarse en el pasillo o en la antesala de testigos, siempre hay cerca personal del JEM. Y, aunque el testigo fuera un juez, por ejemplo, advierte que, en lo posible, deben permanecer callados.
Mientras un testigo declara, los otros se van acreditando. Como la exposición del primero puede demorar horas (la del director de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, por ejemplo, duró dos horas el lunes), si es hora del almuerzo o se decide ir a un cuarto intermedio los otros son acompañados hasta la sede del Jurado de Enjuiciamiento, ubicada en calle Libertad 731, tercer piso, donde hay una sala de refrigerio. Cuando ya es la hora, siempre acompañados por personal del JEM, les indican que deben volver a la puerta 20.45 del palacio de Tribunales de calle Talcahuano 550, lugar donde se desarrollan las audiencias.

Hecho curioso  
Cuando el testigo es llamado por secretaría, ingresa y se ubica en el estrado correspondiente; entonces, todos los presentes en la sala de audiencia, salvo los taquígrafos -por razones obvias-, se ponen de pie y escuchan en silencio cómo el presidente del jurado le toma juramento y le pregunta si tiene algún interés en la marcha del procedimiento que pudiera descalificar su testimonio. El martes, cuando subió el ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles, se produjo un hecho curioso. Zaffaroni le manifestó que debía jurar, pese a que él y otro miembro del JEM, Manuel Baladrón, sostenían en minoría que no debía hacerlo, porque en Tucumán estaba imputado en una causa penal vinculada a lo que se ventilaba en el proceso de destitución, y por consiguiente sus dichos podían afectar su derecho constitucional de no declarar contra sí mismo.
Cuando terminan de declarar, y para evitar que que tengan contacto con los que aún deben hacerlo, los testigos salen por la puerta principal de la sala de audiencias, en compañía del secretario del JEM, Marcelo Bová. Durante el procedimiento contra Terán sólo Laura Alercia, ex abogada del Ministerio de Economía, regresó a la sala minutos después de haber declarado para escuchar a quienes la seguían en el cronograma de deposiciones.

BUENOS AIRES.- “Por buena que sea, una defensa no puede hacer milagros”. La frase, llena de ironía, fue pronunciada por Beinusz Szmukler, miembro del Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación, quien confía en que el Jurado destituirá a Felipe Terán. El abogado es quien formuló la denuncia que desencadenó sumarios contra Terán y contra el otro juez federal de Tucumán, Jorge Parache.
El letrado está convencido de que la prueba relevante contra Terán es la documental. “El mal desempeño ya estaba acreditado. Con las auditorías realizadas en el juzgado no hacía falta más. Los testimonios ratificaron las irregularidades detectadas en causas vinculadas a títulos públicos”, subrayó y señaló lo que considera una contradicción de los abogados defensores del juez. “Afirman que se quiere condenar a Terán por el contenido de su decisiones. No obstante, analizaron las sentencias del tribunal superior del juez (por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) para sostener la posición propia”, sostuvo.
También restó valor a las citas jurisprudenciales que invocó la defensa en el afán de probar que las medidas cautelares que disponía Terán, y por las que ordenaba al Estado que se abstuviera de pesificar (a $ 1,40 más CER por dólar) los títulos depositados en la cuenta de un particular, eran similares a las que se dictaban en el resto del país. “En una causa referida se había concedido una cautelar, pero con los valores (de los títulos) pesificados, con lo cual sólo implicaba una tercera parte o la mitad de la suma pretendida. Esto no tiene nada que ver con lo de Terán. El ordenaba el pago del 100% de los intereses y en dólares, más allá de que firmó un oficio en el que, además, incluía la devolución del capital (de los bonos), lo que contradecía lo que había resuelto en el expediente”, dijo.

BUENOS AIRES.- Después de haber pronunciado un enardecido alegato a favor de su cliente, el juez Felipe Terán, el abogado Marcelo Brito lucía tranquilo y confiado en que aquel será absuelto. “En realidad, en forma larvada, lo que se quiere o pretende es destituirlo por el contenido de sus decisiones”, sostuvo ante LA GACETA.
Coincide con la acusación en que hubo una maniobra para perjudicar al Estado con títulos públicos. No obstante, mientras que aquella considera al juez imprescindible para la concreción de los supuestos hechos ilícitos, el abogado despega de ellos a Terán.
 “No tengo la más mínima duda (acerca del posible delito). Por eso le reprocho al fiscal (Carlos) Brito (de Tucumán), que tuvo el expediente un año y que, no obstante, se fue en la búsqueda de elementos de dudosa legalidad, cuando podría haber realizado una investigación mucho más profunda; por ejemplo, establecer las relaciones entre abogados, miembros de los tribunales que dictaron las resoluciones y gente del Ministerio de Economía”, aseveró.
El fiscal -que tiene su mismo apellido- lleva adelante una investigación penal, en la que también está imputado el juez Terán, por supuesta tentativa de defraudación en perjuicio del Estado por U$S 5 millones en bonos. Esta es la suma que había en la cuenta deYolanda Borquez luego de que el juez dictó una medida cautelar a su favor, por medio de la cual ordenó al erario que se abstuviera de pesificar los títulos depositados en la cuenta de la mujer y que se le pagara la renta (de los bonos) según el tipo de cambio libre entre pesos y dólar.
Pero sucede que la mujer, al entablar la demanda, había acompañado fotocopia de constancia de tenencia de títulos -certificada por escribana- por sólo U$S 620.000.