Más de 50 personas trabajan en el Jurado

BUENOS AIRES (De nuestro enviado especial, Federico Abel).- Desde el punto de vista administrativo, la puesta en marcha de un proceso de destitución como el que afronta el titular del juzgado federal número dos de Tucumán, Felipe Terán, no sería posible sin una aceitada logística en la que intervienen unas 50 personas. De ella forman parte asesores del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación (JEM), taquígrafos, personal de seguridad y un equipo de filmación interno.
Amén de que cada uno de los nueve miembros del tribunal juzgador cuenta con entre uno y dos asesores, el JEM, en sí mismo, descansa sobre los dos secretarios, Silvina Catucci y Marcelo Bová, quienes gozan de una jerarquía equivalente a la de un juez de Cámara y a la de uno de primera instancia, respectivamente. La primera está abocada a las cuestiones estrictamente jurídicas, y el segundo, aunque también lo hace, supervisa -además- todo lo que podría denominarse la infraestructura del procedimiento en marcha.
En el corazón de esta compleja organización está el equipo de taquígrafos, compuesto por media docena de profesionales. En la sala de audiencia, mientras los testigos declaran, tres de ellos van levantando versiones estenográficas simultáneas, al mismo tiempo que las van grabando. Uno del grupo, mientras tanto, hace lo mismo por medio de una máquina (una suerte de computadora) en la que las teclas representan símbolos (no las letras del alfabeto), aunque en la pantalla va saliendo ya la transcripción. Este aparato, a su vez, está conectado en red con otra oficina, ubicada fuera del recinto, en la que un director va controlando y puliendo lo que será el crudo -así lo denominan- de la versión definitiva.
Trabajan con tanta velocidad que dos horas después de haber terminado cada audiencia envían a las partes (acusación y defensa) por correo electrónico ese borrador, para que puedan precisar las preguntas que formularán al otro día a los siguientes testigos o para poder ir delineando los alegatos finales. Bová está convencido de que la posibilidad de error es mínima. "Hay tres controles (el de cada profesional, el que se hace en la sala contigua y el que efectúa el director), y si tienen dudas por una expresión jurídica, cita, nombre o autor, nos consultan a nosotros (por él y por Catucci)", explicó.

El reaseguro de la grabación
Para extremar aún más las precauciones, el JEM dispone de filmaciones internas de las declaraciones de los testigos, además de las grabaciones. Entonces, si la versión estenográfica dejara alguna duda o resquicio acerca de lo que se dijo -cosa difícil- consultan al videotape. Este es guardado durante cinco años, por las dudas se produzca la interposición de un recurso judicial contra el fallo del tribunal (en principio la decisión es irrecurrible) o para el caso de que la destitución dé lugar, además, a una investigación penal. Por ello, a quienes declaran se les advierte que, como prestan juramento, si mintieran podría corresponderles la pena prevista en el Código Penal para las hipótesis de falso testimonio.
Aunque el ingreso a la sala de audiencia es irrestricto, los testigos, el público y la prensa deben acreditarse. La razón es que el Reglamento Procesal del JEM otorga al presidente del tribunal el poder de policía y de disciplina, para expulsar -si fuera necesario- a cualquier persona que pudiera perturbar o alterar el desarrollo de las declaraciones o de los alegatos.
La pequeña pero imponente sala de audiencias fue escenario de hechos como el juzgamiento, en 1985, a los comandantes de las juntas militares que detentaron el poder entre 1976 y 1983. Y, más recientemente, en abril, fue sede del XVIII período de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene capacidad para 150 personas en la parte baja, pero se amplía a 100 más con las bandejas superiores, que en esta ocasión no fueron utilizadas. De hecho, menos de 50 personas asistían por día a las testimoniales del proceso contra Terán ; en su mayoría eran asesores de los miembros del jurado o de los integrantes del Consejo de la Magistratura (impulsó la acusación), que siguieron de cerca este procedimiento sin precedentes en la historia de la Justicia Federal de Tucumán.

¿Qué es un proceso de destitución?
Es el mecanismo previsto desde 1994 por la Constitución nacional para remover del cargo a los jueces nacionales (no a los miembros de la Corte, porque en ese caso interviene el Congreso) cuando incurren en mal desempeño o cometen un delito en el ejercicio de sus funciones.

¿Quién lo lleva adelante?
El procedimiento se sustancia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, compuesto por nueve miembros, que representan a jueces, legisladores nacionales y abogados.

¿Cuántos votos se requieren para una destitución?
Seis votos, por lo menos, de los nueve miembros del jurado. Caso contrario, es restituido en el cargo automáticamente.

¿Quién formula la acusación?
El Consejo de la Magistratura (CM) de la Nación que, antes, dispone acusar al juez y llevarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento. Desde que el CM toma esa decisión, el magistrado queda suspendido en sus funciones durante 180 días.

¿Cuál es la naturaleza del proceso de destitución?
En él no hay que acreditar necesariamente la comisión de un delito por parte de un magistrado (esto debería dar lugar a una actuación ante la Justicia ordinaria). Se trata de un proceso político-institucional por medio del cual se controla a los jueces que, a su vez, son quienes controlan a los otros poderes del Estado por medio de sus fallos. El objetivo es determinar si el magistrado ha incurrido en una causal que amerite su remoción.