Voto conjunto de oficialistas y opositores en contra del PE

Lo que parecía casi un imposible se concretará el lunes. Todos los legisladores votarán en conjunto contra el Gobierno, en un tema extremadamente sensible para los despachos del Poder Ejecutivo. En la sesión, citada para las 9, las bancadas no tendrán distinción de banderías políticas y rechazarán el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que fijaba el manejo de los residuos sólidos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán.
El dictamen contrario al PE fue firmado por peronistas (Sisto Terán y Paula Khoder), oficialistas (Jorge Mendía, expulsado de la UCR) y opositores (Alejandro Sangenis -Movimiento Popular 3 Banderas- y Rodolfo Danesi -Ciudadanos Independientes-), quienes impulsaron una declaración parlamentaria (sin fuerza vinculante alguna), en la cual sugieren las pautas que debe tener un futuro proyecto de ley en la materia.
El justicialista Alejandro Martínez confirmó la decisión unánime de bloquear el DNU, y la justificó en que el PE no contempló en su iniciativa el contenido mínimo previsto en la ley 7.622 ni las ideas de la comisión parlamentaria de Ecología y Medio Ambiente. “La propuesta violó el espíritu de la Legislatura. Por ejemplo, la disposición final se iba a realizar sin separación previa de los residuos, tarea en la que trabajan 350 personas; la distancia prevista hasta el vaciadero era de 30 kilómetros, pero el PE lo llevaba a 50 kilómetros; y no estaba prevista la ruta alternativa, para que no pase por Los Ralos”, explicó.
El vicepresidente de la Cámara reivindicó la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con los funcionarios del Gobierno, más allá de que no haya habido contactos en lo reciente.
En el pronunciamiento legislativo, se pondrá énfasis en pedirle al PE que concrete las expropiaciones de terrenos en Monte Redondo y en Overá Pozo (departamentos Burruyacu y Cruz Alta), para construir la caminería de acceso al predio donde se instalará la planta de disposición final de los residuos. La idea es evitar el paso de camiones con basura por zonas habitadas.
La declaración contiene también el compromiso de adecuar la ley 7.622 en un plazo de 30 días y reclama la instalación de estaciones de transferencia de la basura, con plantas de separación y clasificación. Los bloques no rechazan de plano la posibilidad de utilizar el sistema del relleno sanitario, pero lo relacionan con el cumplimiento imprescindible de las normas ambientales vigentes.
Los legisladores dispondrán además inspecciones especiales para impedir la quema de caña de azúcar en pie a partir de 2007, con controles que se realizarán para bloquear cualquier intento de entrega en los canchones de ingenios de materia prima en esas condiciones.
El orden del día contempla, entre otros temas, el análisis del sistema de mediación obligatoria antes de impulsar un proceso judicial.