Jurisprudencia en favor de Terán

Los abogados recurrieron al fallo de un funcionario norteamericano. "El señalamiento del valor nominal en los títulos no constituye un requisito legal", sostuvo Francisco J. D?Albora (h).

Por Redacción Política 30 Septiembre 2006
BUENOS AIRES.- Los abogados del juez Felipe Terán pusieron especial énfasis en defender la forma en que el magistrado libraba medidas cautelares a favor de quienes reclamaban contra el Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos tras el default (cesación de pagos) de diciembre de 2001.
Ocurre que la acusación sostiene que, como Terán no identificaba la suma en bonos respecto de la cual el erario debía abstenerse de practicar la pesificación (significaba devolver los montos de los títulos a sólo $ 1,4 por dólar más CER), esto permitía que continuaran añadiéndose a la cuenta del beneficiario más bonos adquiridos a bajo precio después del default, para que pudieran beneficiarse del cambio dólar-pesos según la cotización en el mercado libre.
Francisco J. D?Albora (h) citó numerosa jurisprudencia. "El señalamiento del valor nominal en los títulos no constituye un requisito legal. Ni la jurisprudencia de los principales tribunales federales del país ni la costumbre jamás hicieron ningún señalamiento al principio. En un comienzo, tampoco los tribunales -los principales fuera de Tucumán- distinguieron siquiera si justificaba hacer una referencia a la adquisición de los títulos con anterioridad o con posterioridad al default", aseveró.
El letrado de la defensa leyó párrafos de un fallo del 8 de agosto de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa "Pagani". "La mayoría (de los vocales), al resolver, tuvo especialmente en cuenta que en este caso, donde la manda (resolución) coincide con la forma en que la redactaba Terán, se trataba de bonos ?posdefault? (sic), y no fue ningún óbice" (para la concesión de la cautelar), destacó.
Lo mismo dijo sobre una decisión del juez Tomás Griessa (Nueva York), que reconoció el derecho de recuperar el valor original de bonos adquiridos en 2003.


Lo que plantea la parte defensora

La defensa sostiene que el juez ajustó su accionar a la ley y que pretenden destituirlo por el contenido de sus resoluciones.

Afirma que Terán, cuando advirtió sobre presuntas maniobras especulativas para perjudicar al Estado, fue el único que giró las actuaciones a un fiscal para que investigara.

Sostiene que las supuestas maniobras se hicieron a espaldas del juez, y que de ellas participaron abogados particulares y funcionarios del Ministerio de Economía.





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