Durante casi cuatro horas, el ex jefe de la Policía de la Provincia durante el gobierno militar, coronel (r) Mario Albino Zimmerman, declaró ayer en los tribunales federales en la causa por la desaparición de Rolando Coronel y de Marta Coronel, ocurrida en 1977, bajo la imputación de autor mediato.
El militar negó toda vinculación con el hecho específico, pero se refirió en modo genérico a su actuación en Tucumán, donde integró también el directorio del Banco Municipal y cumplió otras funciones.
Justificación de los actos
Sus dichos fueron más amplios y explicativos que los efectuados por los generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez cuando hablaron de este caso ante Norberto Véliz, secretario del juez federal Jorge Parache. Sin embargo, todos coincidieron en justificar sus actos amparándose en la orden emanada del Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976) sobre la lucha contra la subversión.
El abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, aseguró que Zimmerman no participó de ningún hecho ilegal, como así tampoco las tropas que estaban a su mando. Agregó que no hay pruebas directas contra su defendido.
"Todos los testigos tocan de oído, nadie vio nada. Las denuncias se sustentan en suposiciones y en conjeturas, por lo cual pedimos su libertad y que se declare la falta de mérito", apuntó Mones Ruiz. Añadió: "en caso de que no lo concedan, solicitamos la prisión domiciliaria, porque tiene 73 años y está enfermo de cáncer, con metástasis".
De los superiores
El letrado aclaró que el ex jefe policial recibía órdenes superiores del Comando del Ejército y del Gobierno, basadas en los decretos firmados por la ex presidenta Martínez de Perón. "Las operaciones que se hicieron eran militares, no de represión policial, como la que encaró Israel en el Líbano, que surgieron por el secuestro de dos miembros del Ejército y la muerte de otros ocho. En Tucumán estaban dispuestas, porque se pretendía fundar una República independiente en la provincia, con reconocimiento internacional, en una evidente traición a la Patria", denunció.
Zimmerman seguirá alojado en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, ya que está mencionado en un centenar de denuncias, por las cuales aún debe ser indagado.
Conesa Mones Ruiz aseveró que "en Argentina no hubo genocidio alguno, sino delitos de lesa humanidad cometidos por bandas de terroristas que mataban, extorsionaban y secuestraban y que querían tomar el poder por las armas", en referencia a la condena a Miguel Etchecolatz. "Los terroristas están indultados y se pasean libres, y están en el Gobierno, empezando por el presidente Néstor Kirchner", dijo.
Libertad a Bussi
El abogado insistió en la necesidad de que Bussi sea beneficiado con la prisión domiciliaria por su estado de salud, para lo cual ya se efectuaron informes ambientales. Agregó que su defendido debería quedar libre el 15 de octubre, ya que ese día se cumplirán tres años de detención sin condena en la causa de la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse.
El militar negó toda vinculación con el hecho específico, pero se refirió en modo genérico a su actuación en Tucumán, donde integró también el directorio del Banco Municipal y cumplió otras funciones.
Justificación de los actos
Sus dichos fueron más amplios y explicativos que los efectuados por los generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez cuando hablaron de este caso ante Norberto Véliz, secretario del juez federal Jorge Parache. Sin embargo, todos coincidieron en justificar sus actos amparándose en la orden emanada del Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1973-1976) sobre la lucha contra la subversión.
El abogado defensor, Horacio Conesa Mones Ruiz, aseguró que Zimmerman no participó de ningún hecho ilegal, como así tampoco las tropas que estaban a su mando. Agregó que no hay pruebas directas contra su defendido.
"Todos los testigos tocan de oído, nadie vio nada. Las denuncias se sustentan en suposiciones y en conjeturas, por lo cual pedimos su libertad y que se declare la falta de mérito", apuntó Mones Ruiz. Añadió: "en caso de que no lo concedan, solicitamos la prisión domiciliaria, porque tiene 73 años y está enfermo de cáncer, con metástasis".
De los superiores
El letrado aclaró que el ex jefe policial recibía órdenes superiores del Comando del Ejército y del Gobierno, basadas en los decretos firmados por la ex presidenta Martínez de Perón. "Las operaciones que se hicieron eran militares, no de represión policial, como la que encaró Israel en el Líbano, que surgieron por el secuestro de dos miembros del Ejército y la muerte de otros ocho. En Tucumán estaban dispuestas, porque se pretendía fundar una República independiente en la provincia, con reconocimiento internacional, en una evidente traición a la Patria", denunció.
Zimmerman seguirá alojado en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, ya que está mencionado en un centenar de denuncias, por las cuales aún debe ser indagado.
Conesa Mones Ruiz aseveró que "en Argentina no hubo genocidio alguno, sino delitos de lesa humanidad cometidos por bandas de terroristas que mataban, extorsionaban y secuestraban y que querían tomar el poder por las armas", en referencia a la condena a Miguel Etchecolatz. "Los terroristas están indultados y se pasean libres, y están en el Gobierno, empezando por el presidente Néstor Kirchner", dijo.
Libertad a Bussi
El abogado insistió en la necesidad de que Bussi sea beneficiado con la prisión domiciliaria por su estado de salud, para lo cual ya se efectuaron informes ambientales. Agregó que su defendido debería quedar libre el 15 de octubre, ya que ese día se cumplirán tres años de detención sin condena en la causa de la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse.







