Por Redacción Política
28 Septiembre 2006
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BUENOS AIRES.- "Toda esta estafa al Estado no habría podido hacerse si el juez hubiera puesto un mínimo de diligencia en su forma de actuar". Esto aseguró ayer a LA GACETA, sin dudar, el abogado cordobés Luis Pereira Duarte, que impulsa la acusación contra Felipe Terán.
Dados los compromisos políticos del diputado Carlos Kunkel, Pereira Duarte fue durante los tres días de audiencia el sostén de la acusación. "Los testimonios convalidaron la necesidad de destituir al juez. Pero, más allá de los testimonios que escuchamos, la fuerza está en la documentación", subrayó.
El letrado destacó que una sola circunstancia prueba que Terán no puede volver a la judicatura. "Varios funcionarios (del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro), con 15 o 20 años de antigüedad, manifestaron que nunca habían visto una situación como esta: un juez que, en lugar de someterse a la realidad de los hechos, no digo proteger al Estado, se mantuvo sólo en lo que una de las partes decía", aseveró.
La defensa señaló que no eran atribuibles a Terán las diferencias que, en algunos casos, existían entre la resolución del juez (que disponía el pago de la renta de títulos públicos, cuando ordenaba al Estado que se abstuviera de concretar la pesificación) y los oficios dirigidos al Ministerio de Economía (también intimaban al abono del capital). Agregó que esta dependencia debió haber controlado la supuesta irregularidad.
"El oficio lleva la firma de un juez; entonces, uno supone que un magistrado, antes de firmar algo de esa entidad, hizo la compulsa necesaria. Uno no tiene por qué andar revisando si (en el expediente) había una resolución anterior, para ver si coincidía con la demanda judicial", manifestó Pereira Duarte.
Dados los compromisos políticos del diputado Carlos Kunkel, Pereira Duarte fue durante los tres días de audiencia el sostén de la acusación. "Los testimonios convalidaron la necesidad de destituir al juez. Pero, más allá de los testimonios que escuchamos, la fuerza está en la documentación", subrayó.
El letrado destacó que una sola circunstancia prueba que Terán no puede volver a la judicatura. "Varios funcionarios (del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro), con 15 o 20 años de antigüedad, manifestaron que nunca habían visto una situación como esta: un juez que, en lugar de someterse a la realidad de los hechos, no digo proteger al Estado, se mantuvo sólo en lo que una de las partes decía", aseveró.
La defensa señaló que no eran atribuibles a Terán las diferencias que, en algunos casos, existían entre la resolución del juez (que disponía el pago de la renta de títulos públicos, cuando ordenaba al Estado que se abstuviera de concretar la pesificación) y los oficios dirigidos al Ministerio de Economía (también intimaban al abono del capital). Agregó que esta dependencia debió haber controlado la supuesta irregularidad.
"El oficio lleva la firma de un juez; entonces, uno supone que un magistrado, antes de firmar algo de esa entidad, hizo la compulsa necesaria. Uno no tiene por qué andar revisando si (en el expediente) había una resolución anterior, para ver si coincidía con la demanda judicial", manifestó Pereira Duarte.
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