"Ahora se puede juzgar hasta a un juez federal"

“Hay que investigar todos los niveles de responsabilidad. Esto incluye a particulares, abogados, estudios jurídicos y, si hubo alguien más, también. Mucha gente pudo haber participado en estas maniobras. Por ello, hay que profundizar las investigaciones. La ministra Felisa Miceli y yo estamos dispuestas, en lo que a nosotros respecta, a ir hasta el final. Lo que sucede con Tucumán prueba que las instituciones funcionan y que se acabó la impunidad en el país. No hay nadie intocable, y se puede juzgar hasta a un juez federal o a un funcionario. Esta es la prueba, lo que no quiere decir condenar ex profeso a nadie”.
La contundente definición pertenece a Alejandra Tadei, subsecretaria legal del Ministerio de Economía de la Nación desde el 14 de agosto, en reemplazo de Osvaldo Siseles. La funcionaria estuvo el miércoles en Tucumán y se entrevistó con el fiscal federal Carlos Brito para interiorizarse sobre la marcha de las actuaciones penales vinculadas a presuntas irregularidades con títulos públicos. En una de ellas fue citado a prestar declaración indagatoria el juez federal Felipe Terán, que además enfrenta un proceso de destitución por el mismo motivo. Otro de los imputados es el propio Siseles.
El Ministerio de Economía (ME) lleva adelante un sumario para determinar eventuales responsabilidades y la semana pasada vino una instructora, Marta Gomila, para tomarles declaraciones a los abogados de la delegación local del ME, que intervinieron en las causas en que se demandaba al Estado nacional como consecuencia de la normativa que pesificó los bonos tras la declaración de default (cesación de pagos), de 2001.
Tadei insistió en el interés que hay por esclarecer los hechos. “Le dimos una nuevo impulso a la investigación administrativa, que tiene carácter reservado. Durante estos días, empezaremos otros sumarios en otras provincias, porque detectamos situaciones parecidas en La PLata, en Lomas de Zamora y en Santa Fe, donde hay una denuncia penal, aunque la investigación no avanzó tanto como aquí con el fiscal Brito y con el Consejo de la Magistratura (CM)”, afirmó a LA GACETA desde Buenos Aires.

Sorpresa
La funcionaria, que se está interiorizando de la situación, no puede creer algunas cosas, aunque aclara que todavía no se pueden emitir juicios definitivos. “Si las hubo, no estoy acostumbrada a estas maniobras. Uno lee las auditorias (la de la Procuración del Tesoro y la del CM) y el desarrollo de las causas, y sorprende que los jueces hayan dictado medidas cautelares bajo simple caución juratoria, o sin averiguar cuándo habían sido adquiridos los títulos (en algunos casos muy poco tiempo antes de la interposición de la demanda), sin requerir declaraciones juradas o sin preguntar a los demandantes si los habían declarado ante la autoridad impositiva”, advirtió.
Al parecer, según Tadei, todo habría sido hecho con mucha precariedad. “La falta de prudencia no se entiende, salvo que se tratara de un hecho ilícito para defraudar al Estado, que es lo que sospecha el fiscal: una organización para enriquecerse a costa del Estado frente a la posibilidad de que quienes habrían comprado bonos, a bajo precio, después del default, hubieran cuadruplicado en pocos días el capital invertido gracias a resoluciones que les reconocían (las posiciones) a valor dólar”, subrayó.
Se le preguntó si en el resto del país era normal que los jueces, al conceder medidas cautelares a favor de los tenedores de títulos, no precisaran la cifra en bonos respecto de la cual el Estado debía abstenerse de concretar la pesificación (significaba devolver a sólo $ 1,4 más CER por dólar). “Esto de cautelares abiertas no era así, salvo en los lugares donde hay denuncias penales. No es la práctica judicial habitual. Además, porque las personas que estaban comprendidas en las excepciones (a la pesificación), previstas por la ley, demandaron al Estado inmediatamente después del default. En general, no esperaron hasta fines de 2004 para hacerlo. La gran cantidad de juicios y de amparos por el corralito y por los títulos fue en 2002. ¿Qué peligro en la demora (del pago) podía invocar alguien en 2004 si hacía dos años que el Estado no le abonaba?”, inquirió.