Al pedido formal por el 82% móvil como haber jubilatorio realizado la semana pasada por 70 jueces provinciales, se suma ahora un proyecto de ley presentado por el legislador José Cano. El radical pretende que la Cámara ratifique el acta complementaria firmada por el presidente Néstor Kirchner y el gobernador José Alperovich el 1 de junio.
Este paso es fundamental para que los magistrados puedan gozar del régimen de la Ley 24.018 (actualmente sólo rige para los jueces federales y nacionales).
La iniciativa del radical consta de dos artículos (el segundo de forma). En el primero se ratifica íntegramente el acta modificatoria del convenio de transferencia previsional provincial. Entre los fundamentos, Cano recuerda que en 1996, como consecuencia del traspaso del sistema previsional a la Nación, los jueces locales quedaron sujetos al tope previsional de $ 3.100, que se aplicaba a quienes se retiraban. Ahora, el acta suscripta permite que los magistrados sean equiparados con los federales y, por ende, comprendidos por el régimen de la Ley 24.018, que establece el beneficio del 82% del haber que perciben quienes todavía están en actividad (oscila entre los $ 6.000 y los $ 8.000 por mes).
Según la cláusula 6 del acuerdo firmado hace más de tres meses entre Kirchner y Alperovich, la Provincia debe ratificar ese documento. Las alternativas que pueden ser utilizadas son tres: un decreto simple del PE; una ley aprobada en la Legislatura; o un decreto de necesidad y urgencia del PE
Sin embargo, desde la oposición atribuyen la parálisis del trámite a los coletazos de la crisis institucional derivada del cuestionamiento en tribunales a la reforma constitucional. “El acta fijó, a los efectos de su vigencia temporal, la necesidad de ratificación por la Provincia, lo cual compete en forma exclusiva a la Legislatura”, sostiene Cano.
Este paso es fundamental para que los magistrados puedan gozar del régimen de la Ley 24.018 (actualmente sólo rige para los jueces federales y nacionales).
La iniciativa del radical consta de dos artículos (el segundo de forma). En el primero se ratifica íntegramente el acta modificatoria del convenio de transferencia previsional provincial. Entre los fundamentos, Cano recuerda que en 1996, como consecuencia del traspaso del sistema previsional a la Nación, los jueces locales quedaron sujetos al tope previsional de $ 3.100, que se aplicaba a quienes se retiraban. Ahora, el acta suscripta permite que los magistrados sean equiparados con los federales y, por ende, comprendidos por el régimen de la Ley 24.018, que establece el beneficio del 82% del haber que perciben quienes todavía están en actividad (oscila entre los $ 6.000 y los $ 8.000 por mes).
Según la cláusula 6 del acuerdo firmado hace más de tres meses entre Kirchner y Alperovich, la Provincia debe ratificar ese documento. Las alternativas que pueden ser utilizadas son tres: un decreto simple del PE; una ley aprobada en la Legislatura; o un decreto de necesidad y urgencia del PE
Sin embargo, desde la oposición atribuyen la parálisis del trámite a los coletazos de la crisis institucional derivada del cuestionamiento en tribunales a la reforma constitucional. “El acta fijó, a los efectos de su vigencia temporal, la necesidad de ratificación por la Provincia, lo cual compete en forma exclusiva a la Legislatura”, sostiene Cano.







