Si Terán no va a declarar, Racedo deberá esperar hasta diciembre

Si el juez federal Felipe Terán, por su propia voluntad, no se presenta a declarar como imputado el 9 de octubre, quien lo citó, Mario Racedo, a cargo del juzgado federal número dos, deberá esperar inexorablemente hasta la conclusión del proceso de destitución que le siguen a Terán en la Capital Federal ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación (JE), según fuentes judiciales. Racedo convocó a Terán para que preste declaración indagatoria en una causa penal, en la que lo investiga como presunto partícipe de una tentativa de defraudación, en perjuicio del Estado nacional, en un expediente judicial vinculado a títulos de la deuda pública. Por este motivo y en forma paralela, el magistrado, que está suspendido desde el 12 de junio, afronta un proceso de remoción, que el lunes ingresará en su etapa clave con las audiencias de debate, en la que declararán 17 testigos en Buenos Aires.Por la ley "Carrió"Racedo pudo citar a Terán gracias a la Ley 25.320, sancionada en 2000 a instancias de la entonces diputada nacional Elisa Carrió (Ari) para facilitar las investigaciones en las que estuvieran involucradas personas que gozan de prerrogativas constitucionales, como legisladores, jueces y funcionarios del Poder Ejecutivo.La norma, bautizada como "Carrió", establece que cuando el imputado fuera un legislador, funcionario o magistrados sujeto a desafuero, remoción o juicio político el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. Y el artículo 1 agrega que el llamado a indagatoria, como en el caso de Terán, no se considera una medida restrictiva de la libertad ni incompatible con las prerrogativas constitucionales. No obstante, si el imputado no concurriera voluntariamente, para que estuviera obligado a hacerlo, Racedo ?el que efectuó el llamado en esta situación- debería pedir el desafuero, remoción o juicio político.Como Terán ya afronta un proceso de remoción, si se negara a comparecer, Racedo tendría que esperar hasta que el Jurado de Enjuiciamiento se pronuncie. Este tribunal tiene plazo máximo para expedirse ?remover o reponer en el cargo al juez- hasta el 12 de diciembre, en que vencerán los seis meses fijados por la ley, contando desde el 12 de junio, en que fue formalmente suspendido. Si Terán eventualmente fuera destituido, Racedo podría citarlo y aquel, como ya no tendría prerrogativas, debería comparecer como cualquier ciudadano. En cambio, si el Jurado de Enjuiciamiento rechazara la acusación y repusiera en el cargo a Terán, la causa debería pasar a otro magistrado, ya que Racedo habría dejado de actuar como subrogante. En esta hipótesis, para citar a Terán, siempre que no compareciera voluntariamente, habría que pedir su remoción previamente.