Mientras los acreedores están expectantes por comenzar a cobrar sus deudas a la Municipalidad de la capital, el Concejo Deliberante aprobó ayer la autorización para que, además de los títulos públicos, también puedan abonarles con dinero en efectivo.
El 31 de agosto, los concejales habían sancionado una ordenanza en la que se autoriza al intendente Domingo Amaya a solicitar anticipos financieros al Gobierno provincial para efectuar el pago únicamente con títulos públicos (Consadep y Consadep II). A cambio de esa asistencia financiera de la Provincia, la Municipalidad cederá fondos de la coparticipación.
Esa norma no establece ningún tope, aunque trascendió que el monto global que pagaría el municipio es superior a los $ 16 millones. Ayer, en una sesión extraordinaria, los ediles ampliaron la autorización para que, además de los títulos públicos, también se pueda pagar en efectivo.
Los concejales oficialistas, los radicales y Hugo Danesi avalaron la flexibilización de la ordenanza. En cambio, los bussistas Claudio Viña, Miguel Brito y Eduardo de Zavalía (Recrear) y los radicales Raúl Pellegrini y Federico Romano Norri votaron en contra de esa habilitación.
En este sentido, Viña la cuestionó, al señalar que en un solo artículo se autoriza a Amaya a pedir fondos para el pago de salarios, para la ejecución de obras públicas y para el pago a los acreedores. "Esta situación implica ?mezclar la Biblia y el calefón?, porque al defender los salarios o defender la obra pública, se puede picar el anzuelo y aprobar otro tema que puede prestarse a un negociado", afirmó.
El concejal republicano recordó que al principio, la ordenanza tenía un límite de casi $ 4 millones, pero que después el oficialismo cambió el proyecto por otro que no fija un tope, y que además de los títulos públicos se utilizará dinero contante y sonante. "Me pregunto a qué ventanilla tendrá que concurrir el acreedor para cobrar en efectivo y quién será el funcionario que tendrá la varita mágica para elegir a los acreedores que cobrarán en efectivo y cuáles recibirán títulos públicos", señaló.
A diferencia de aquella sesión del 31 de agosto, en la que se aprobó el tema en apenas 40 segundos, en la sesión de ayer, en cambio, hubo debate entre los ediles.
Los oficialistas defendieron la modificación de la ordenanza. Los radicales, por su parte, habían planteado que el Departamento Ejecutivo Municipal envíe informes al Concejo Deliberante una vez que hayan sido efectuados los pagos a los acreedores. Sin embargo, esta idea de incorporar un artículo en el texto de la norma, finalmente no prosperó.
Desde la intendencia trascendió que entre los futuros beneficiarios aparecen algunas figuras políticas.
El 31 de agosto, los concejales habían sancionado una ordenanza en la que se autoriza al intendente Domingo Amaya a solicitar anticipos financieros al Gobierno provincial para efectuar el pago únicamente con títulos públicos (Consadep y Consadep II). A cambio de esa asistencia financiera de la Provincia, la Municipalidad cederá fondos de la coparticipación.
Esa norma no establece ningún tope, aunque trascendió que el monto global que pagaría el municipio es superior a los $ 16 millones. Ayer, en una sesión extraordinaria, los ediles ampliaron la autorización para que, además de los títulos públicos, también se pueda pagar en efectivo.
Los concejales oficialistas, los radicales y Hugo Danesi avalaron la flexibilización de la ordenanza. En cambio, los bussistas Claudio Viña, Miguel Brito y Eduardo de Zavalía (Recrear) y los radicales Raúl Pellegrini y Federico Romano Norri votaron en contra de esa habilitación.
En este sentido, Viña la cuestionó, al señalar que en un solo artículo se autoriza a Amaya a pedir fondos para el pago de salarios, para la ejecución de obras públicas y para el pago a los acreedores. "Esta situación implica ?mezclar la Biblia y el calefón?, porque al defender los salarios o defender la obra pública, se puede picar el anzuelo y aprobar otro tema que puede prestarse a un negociado", afirmó.
El concejal republicano recordó que al principio, la ordenanza tenía un límite de casi $ 4 millones, pero que después el oficialismo cambió el proyecto por otro que no fija un tope, y que además de los títulos públicos se utilizará dinero contante y sonante. "Me pregunto a qué ventanilla tendrá que concurrir el acreedor para cobrar en efectivo y quién será el funcionario que tendrá la varita mágica para elegir a los acreedores que cobrarán en efectivo y cuáles recibirán títulos públicos", señaló.
A diferencia de aquella sesión del 31 de agosto, en la que se aprobó el tema en apenas 40 segundos, en la sesión de ayer, en cambio, hubo debate entre los ediles.
Los oficialistas defendieron la modificación de la ordenanza. Los radicales, por su parte, habían planteado que el Departamento Ejecutivo Municipal envíe informes al Concejo Deliberante una vez que hayan sido efectuados los pagos a los acreedores. Sin embargo, esta idea de incorporar un artículo en el texto de la norma, finalmente no prosperó.
Desde la intendencia trascendió que entre los futuros beneficiarios aparecen algunas figuras políticas.







