Citan a Terán para que declare como imputado

La situación del suspendido juez federal Felipe Terán se ha complicado aún más. Mario Racedo, que lo reemplaza al frente del juzgado federal número dos, lo citó para que preste declaración indagatoria el lunes 9 de octubre. A Terán le imputan haber participado en una presunta tentativa de defraudación contra el Estado nacional, en la "causa Borquez", además de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El magistrado no fue el único en ser convocado. Para el lunes fueron fijadas las audiencias en las que deberán declarar Inés Yolanda Borquez y Cristina de Fátima Atim (hija de la primera) en el carácter de presuntas autoras y coautora. El martes y el miércoles será el turno de los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca, a quienes el fiscal Carlos Brito les imputó presunta participación en el mismo hecho.
Ducca firmó el escrito de la acción que Borquez promovió contra el Estado en el afán de que fuera declarada la inconstitucionalidad de la normativa que, tras la salida de la convertibilidad, pesificó los títulos de la deuda pública como consecuencia de la declaración de default (cesación de pagos) de diciembre de 2001. A Martín, Brito le endilga haber colaborado en la elaboración de la demanda (las iniciales DM "figuran al pie de la última página") y haber efectuado trámites ante el Ministerio de Economía (ME) "sin haberse apersonado en el juicio", según el requerimiento.

En dos frentes
Para el 4 de octubre fue citado el ex subsecretario legal del ME, Osvaldo Siseles, a quien también le imputan presunta participación e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Racedo dejó para el final a Terán y a Siseles, porque el lunes comienza en la Capital Federal el proceso de destitución contra el suspendido magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE) de la Nación, por presunto mal desempeño en una serie de causas vinculadas a los títulos públicos, fundamentalmente el caso Borquez. Siseles declarará el martes ante el JE como testigo.
La decisión de Racedo de hacer lugar al requerimiento de Brito ocasionará que durante la próxima semana haya actuaciones paralelas de naturaleza diferente pero vinculadas al mismo tema (presuntas irregularidades en relación con títulos públicos) ante el JE (Buenos Aires) y ante la Justicia Federal tucumana.
La causa Borquez es considerada el caso testigo y alertó sobre posibles maniobras especulativas para perjudicar al Estado.
Cuando Borquez dedujo la demanda (el 25 de noviembre de 2004) acompañó certificado de tenencia de bonos por U$S 620.000, que, según Brito, habían ingresado en su cuenta dos días antes de presentar el escrito y a posteriori del default.
El 23 de diciembre del mismo año, a través de una medida cautelar, Terán ordenó al erario que se abstuviera de concretar la pesificación respecto de los Bontes 02 y 03 que había en la cuenta de la mujer y dispuso que se pagara la renta mensual de los títulos respetando la moneda de origen (dólar). La sentencia no precisaba la cifra en bonos respecto de la cual no había que practicar la pesificación, y el Ministerio de Economía advirtió que el 24 de febrero de 2005 ingresaron a la cuenta U$S 4 millones más en títulos que también podían beneficiarse con la cautelar, que finalmente fue dejada sin efecto.
Brito conjetura que, a partir de una inversión de $ 4,3 millones de títulos en default, cuando el crédito internacional del país valía poco, se pretendía ganar U$S 5,2 millones o $ 15 millones.