La Nación evalúa el grado de independencia del Poder Judicial

El grado de independencia del Poder Judicial de Tucumán está siendo relevado de oficio por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una comisión especial que integran las vocales del máximo tribunal del país, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
El tema volvió al tapete tras el planteo del arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, en la reunión que mantuvo con las cabezas de los tres poderes del Estado provincial, el pasado lunes. Entonces, el prelado dijo a la prensa: "siempre el poder político tiene la tentación de limitar a un Poder Judicial medianamente independiente; la función de control de la Justicia sobre la gestión de los poderes Ejecutivo y Legislativo requiere de transparencia".
En mayo, la Corte resolvió crear una comisión permanente para la Protección de la Independencia Judicial, que es la encargada de sistematizar las actividades tendientes al fortalecimiento institucional de la Justicia en todo el territorio nacional. Uno de los puntos de mayor preocupación es la situación en las provincias y, en ese sentido, hay un detenimiento especial sobre la realidad que atraviesa Tucumán.

Tarea informal
Hasta el momento, el relevamiento de datos fue realizado de modo informal, con la recopilación de pronunciamientos hechos públicamente por distintos actores en conflicto (como las declaraciones y denuncias del Colegio de Abogados), recortes periodísticos y copias de acciones judiciales. Un ejemplar del informe preliminar efectuado por el relator especial de la ONU para la independencia de abogados y jueces, Leandro Despouy, también estaría agregado al expediente.
Otra fuente de información para la Corte de la Nación es la relación personal, según lo pudieron comprobar los magistrados que concurrieron a las recientes jornadas en Puerto Iguazú. El encuentro fue aprovechado por jueces nacionales (incluso del máximo tribunal) para preguntarles sobre la situación local, en especial sobre si recibían presiones de parte de los poderes políticos.
Uno de los aspectos contemplados en la acordada que dio nacimiento a la comisión que integran Highton de Nolasco y Argibay es la posibilidad de que las Cortes provinciales suscriban convenios con la Nación para concretar una actuación coordinada en todo el país. Hasta ahora, el Poder Judicial de Tucumán no avanzó en ese sentido, ni tiene pensado hacerlo en breve.