Referentes opositores reclaman que se declare la emergencia ambiental

Los legisladores Ernesto Padilla, Alejandro Sangenis y Rodolfo Danesi impulsan multas y sanciones para los industriales. "El que contamina paga".

POLUCION. Desde la oposición se denunció inacción del Gobierno. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
POLUCION. Desde la oposición se denunció inacción del Gobierno. LA GACETA / ANTONIO FERRONI
Por Redacción Política 19 Septiembre 2006
Legisladores de la oposición impulsan una declaración de emergencia ambiental en Tucumán por tres años (prorrogables a otros tres más), para que el Gobierno asegure el derecho a la salud y a tener un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tal como lo prevén las constituciones provincial y nacional.
El proyecto fue elaborado por Ernesto Padilla (FR) y Alejandro Sangenis (MP3) y respaldado por Rodolfo Danesi (CI), quienes señalaron que pretenden hacer efectivo el principio "el que contamina paga", con la imposición de multas a empresas y particulares.
La idea es crear un Comité de Emergencia Ambiental, cuerpo que será conducido por el presidente de la comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura (actualmente es Sangenis), e integrado por representantes de las universidades, colegios profesionales, ONG ambientalistas y funcionarios del Poder Ejecutivo con competencia en la materia.
Este comité relevará los avances que se registren en la administración pública para controlar y sancionar las actitudes contaminantes, y elevará un informe trimestral a la Legislatura sobre lo hecho por el Estado. La emisión de efluentes industriales líquidos y gaseosos podrá ser castigada hasta con el cierre del establecimiento, mientras que se dispone una atención sanitaria especializada a las personas directa o indirectamente afectadas por contaminación. Además, se deberá definir un plan de gestión de saneamiento ambiental, con metas, objetivos, tareas, indicadores de cumplimiento, plazos y recursos, que incluya programas de difusión y educación ambiental.
Los legisladores propician que durante la vigencia de la norma, los aptos ambientales otorgados por el Consejo Provincial de Economía y Ambiente sólo quedarán firmes cuando el comité los apruebe. Asimismo, se dispondrá una compensación económica al Estado por "la producción o actividad industrial, comercial o de servicios generadora de residuos y/o emisiones contaminantes que sean degradantes del medio ambiente y/o afecten la calidad de vida de los habitantes". Esa sanción alcanzará a quienes expendan mercaderías en bolsas de polietileno o productos envasados en Tereftalato de Polietileno (PET).
"La polución producida principalmente por las industrias locales provoca distintos tipos de enfermedades y alergias, olores pestilentes, lluvia de cenizas y polvo, la colmatación de los diques, el envenenamiento de las aguas y un sinfín de otras consecuencias negativas. Esta situación se debe al rotundo fracaso del promocionado Plan de Producción Limpia del Gobierno. Las autoridades provinciales admitieron que sólo el 7% de las industrias radicadas en Tucumán cumple con los compromisos firmados, lo que llevó a la cuenca del río Salí-Dulce a un colapso que se traduce en un conflicto creciente con Santiago del Estero", advirtieron.

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