La Nación mandó a recabar datos sobre las causas judiciales

En el Ministerio de Economía (ME) de la Nación cobró un nuevo impulso el sumario que, en esa órbita, llevan adelante para determinar si algún empleado o funcionario incurrió en algún tipo de irregularidad o de responsabilidad vinculada a las causas judiciales tramitadas en la Justicia Federal de Tucumán, contra el Estado, por títulos de la deuda pública tras la declaración de cesación de pagos (default), de diciembre de 2001.
El jueves, según pudo confirmar LA GACETA en Buenos Aires, la abogada Marta Gomila, instructora del sumario, vino en comisión a Tucumán y estuvo en las oficinas que el ME tiene en San Martín al 600, de esta capital. En la ocasión, se entrevistó con los letrados de la unidad del ME (Guillermo Jerez y Edgardo Nogueira) que en esta provincia representó al Estado en causas vinculadas a títulos públicos.

Testificarán
Tanto Jerez como Nogueira, la semana próxima, declararán como testigos, en la Capital Federal, en el proceso de destitución que le siguen al juez federal Felipe Terán -por presunto mal desempeño- ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE).
La letrada se contactó, además, con quienes intervinieron en algunas causas, pero en representación de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
Gomila forma parte de la Dirección de Sumarios, que a su vez depende de la Subsecretaría Legal del ME. A esta repartición la encabeza Alejandra Tadei, que reemplazó meses atrás a Osvaldo Siseles. Precisamente, el fiscal federal Carlos Brito requirió que este ex funcionario, al igual que el propio Terán y otras cuatro personas, sea citado a declarar como imputado en la investigación penal por la causa Borquez, que alertó sobre la posibilidad de que en Tucumán se hubieran cometido irregularidades y por la cual hoy Terán está suspendido. Yolanda Borquez, cuando demandó al Estado, acompañó copia de certificados de títulos por U$S 620.000, pero después de que el juez libró una medida cautelar a su favor se constató que en la cuenta de la mujer había casi U$S 5 millones.
El sumario del ME estaría poniendo especial énfasis en la Oficina Nacional de Crédito Público. Esta efectuaba el cálculo de cuánto había que abonar a los particulares que obtenían una medida cautelar favorable en el marco de la acción entablada -contra el Estado-, como consecuencia de la normativa que pesificó los bonos tras el “default”.