En ocho días, la Cámara tratará la suba presupuestaria y el acople

En ocho días, la Legislatura sesionará dos veces. Hoy será la primera, en la que se analizará y se aprobará el incremento presupuestario de $ 220 millones; mientras que la segunda ocurrirá el martes 3 de octubre, con la finalidad de aprobar el nuevo régimen electoral y la nueva legislación de los partidos políticos.
Esta última sesión se debe a que al día siguiente, el miércoles 4, vence el plazo que estableció la nueva Constitución, de 120 días, para que la Cámara legisle sobre estos temas; aunque si se vence el término no habrá sanciones para el Poder Legislativo. De todas maneras, hay prisa en el oficialismo por apurar el texto del sistema electoral, incorporando en la nueva redacción el "acople" electoral.
Por este método, pergeñado desde la Casa de Gobierno -según lo establece el inciso 12 del artículo 43 de la Carta Magna; los partidos políticos, frentes o alianzas electorales pueden llevar en su boleta los candidatos a gobernador y vicegobernador de otro partido, frente o alianza política. Esto es lo que se denominó como acople y que entrará en vigencia con los comicios provinciales de 2007, que se llevarían a cabo en agosto.
En la sesión de hoy, que está convocada para las 9, se debatirá el aumento presupuestario de $ 220 millones ($ 180 millones para el Poder Ejecutivo, $ 30 millones para la Legislatura y $ 10 millones para el Poder Judicial). Desde el Gobierno se precisó que ese incremento en el gasto no contempla una eventual suba de sueldos del personal de la administración pública, sino que se dispuso para atender los aumentos de las planillas salariales ya dispuestos. Los parlamentarios convertirán en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que envió el PE, mediante el cual dispone la modificación del cálculo de gastos.

Otros temas
La mediación previa a todo juicio, como método alternativo de solución de controversias, será analizada por los legisladores. El orden del día se completa con la titularización de directoras de escuelas; la cesión en comodato de un inmueble al Sindicato Unico de Empleados Legislativos; expropiaciones de otros seis terrenos (en la capital y en el interior) para erradicar villas de emergencia y para instalar un CAPS, en Agua Blanca (Famaillá); y la incorporación al régimen de activo por activo de varios inmuebles de Yerba Buena.