Por Redacción Política
18 Septiembre 2006
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La gestión del comisionado rural de Choromoro, Luis Angel Díaz, sigue bajo la lupa del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TC). En forma paralela a una auditoría integral iniciada en mayo, el órgano de contralor quiere conocer el destino que el funcionario público dio a casi $ 120.000.
La acordada 2.515, firmada por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y por el vocal Sergio Díaz Ricci, dispone el inicio de un juicio de cuentas en contra de Díaz y de la secretaria habilitada de la comuna, María Olga Díaz, por la falta de regularización de tres comprobantes de observación correspondientes a fondos recibidos durante 2004.
Las pesquisas del organismo de control se iniciaron en junio de 2005. A través de la acordada 1.151, las autoridades del Tribunal de Cuentas entablaron un sumario de cuentas en esa delegación comunal por la falta de presentación de los balances bimestrales del tercer, cuarto y quinto período de 2004.
Obligaciones
Según dispone la Ley Orgánica de Comunas Rurales, los comisionados tienen la obligación de elaborar cada dos meses los balances y remitirlos a la Dirección General de Comunas Rurales. Esta oficina de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales debe efectuar el primer control interno y luego enviar la documentación al Tribunal de Cuentas para la auditoría externa y el cruce de datos.
Tras el inicio del sumario de cuentas, Díaz efectuó el descargo correspondiente, pero su respuesta no conformó a los contadores fiscales.
En efecto, el informe del Departamento de Rendición de Cuentas sostiene que siguen sin regularizarse los comprobantes 692 (por $ 7.440), 720 (por $ 96.800) y 735 (por $ 15.300). "Del informe de la instrucción se desprende que los responsables son el señor Luis Angel Díaz y la señora María Olga Díaz, razón por la cual corresponde iniciar sin más trámite un juicio de cuentas", asevera el acuerdo de Terraf y Díaz Ricci.
La acordada 2.515, firmada por el presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, y por el vocal Sergio Díaz Ricci, dispone el inicio de un juicio de cuentas en contra de Díaz y de la secretaria habilitada de la comuna, María Olga Díaz, por la falta de regularización de tres comprobantes de observación correspondientes a fondos recibidos durante 2004.
Las pesquisas del organismo de control se iniciaron en junio de 2005. A través de la acordada 1.151, las autoridades del Tribunal de Cuentas entablaron un sumario de cuentas en esa delegación comunal por la falta de presentación de los balances bimestrales del tercer, cuarto y quinto período de 2004.
Obligaciones
Según dispone la Ley Orgánica de Comunas Rurales, los comisionados tienen la obligación de elaborar cada dos meses los balances y remitirlos a la Dirección General de Comunas Rurales. Esta oficina de la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales debe efectuar el primer control interno y luego enviar la documentación al Tribunal de Cuentas para la auditoría externa y el cruce de datos.
Tras el inicio del sumario de cuentas, Díaz efectuó el descargo correspondiente, pero su respuesta no conformó a los contadores fiscales.
En efecto, el informe del Departamento de Rendición de Cuentas sostiene que siguen sin regularizarse los comprobantes 692 (por $ 7.440), 720 (por $ 96.800) y 735 (por $ 15.300). "Del informe de la instrucción se desprende que los responsables son el señor Luis Angel Díaz y la señora María Olga Díaz, razón por la cual corresponde iniciar sin más trámite un juicio de cuentas", asevera el acuerdo de Terraf y Díaz Ricci.
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