No saben quién investigará el tratamiento que se da en el Roca

Por una cuestión de competencia, la Justicia local no pudo profundizar la investigación sobre el tratamiento farmacológico que reciben los menores que están internados en el Instituto Roca.
Por orden de la Suprema Corte de Justicia, después de que algunos padres denunciaron que sus hijos recibían medicación para atender sus problemas de adicción, el fiscal V de Instrucción, Alejandro Noguera comenzó a investigar el caso hace más de un año.
En noviembre, Noguera entendió que se estaba ante un delito federal, ya que se debía investigar si los estupefacientes que reciben los menores como parte del tratamiento (Citalopran y Cloxapina) son indicados en el instituto Roca fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores que las necesarias. El juez III de Instrucción, Víctor Manuel Pérez le dio la razón y remitió todas las actuaciones que se habían realizado a la Justicia Federal.
Sin embargo, hace menos de dos semanas, en el juzgado federal se declararon incompetentes. Argumentaron su decisión basándose en un informe realizado por un perito de la Policía Federal en el que sostiene que los medicamentos que se les da a los internos no serían psicotrópicos, conclusión opuesta a la que manejó Noguera en la investigación.

Nuevos planteos
El fiscal Noguera, mientras investigue el caso, insistirá en el planteo de que la causa debe quedar en manos de la Justicia Federal. Por ese motivo, mediante un oficio, le pidió al Ministerio de Salud de la Nación que confirme si los medicamentos que se les otorgan a los menores son psicotrópicos.
Al mismo tiempo, según confirmó una alta fuente judicial, solicitó que se nombre a un perito psiquiátrico para que realice un informe sobre el tratamiento que se está realizando en el Roca. Entre otras cosas, al fiscal le interesa saber si existen antecedentes en el país, si la medicación puede ser suministrada a menores de 18 años y cuáles son los efectos colaterales, entre otros puntos.
Susana Viale, directora del Roca, defendió la terapia y aclaró que no se usaban medicamentos fuertes, sino antidepresivos que ayudaban a abandonar las adicciones. La funcionaria no fue imputada, sino que declaró como testigo en el marco de la investigación.