17 Agosto 2006 Seguir en 
Pedro Tomás, el único hombre que quedaba detenido a raíz del escandaloso caso de las 4x4, quedó ayer en libertad. De esta forma, una de las causas más controversiales de los últimos tiempos ingresó en un cono de sombras, ya que aparentemente ninguno de quienes estuvieron acusados llegará a juicio oral, dijeron fuentes judiciales.
La causa se inició en 2003 cuando la Justicia Federal descubrió una organización que blanqueaba lujosos automóviles y costosas camionetas robadas o mellizas con oficios judiciales.
En ese momento se detuvo a quien entonces se desempeñaba como prosecretario de la fiscalía IV, Hugo Tarifa. A raíz del escándalo, y luego de un juicio político, la Legislatura destituyó a quien era el titular de esa fiscalía, Héctor Abraham Musi, quien actualmente trabaja como abogado particular.
También fue alejado del cargo quien era el secretario esa fiscalía, Edgardo Ataliva Herrera, aunque él nunca estuvo sospechado en esta causa y su separación del cargo fue ordenada tras una auditoría de la Corte.
Los delitos
El caso tuvo más de 25 imputados, aunque los principales debían responder por el delito de Lavado de Activos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de las imputaciones (falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público) fueron quedando prescriptas o no había pruebas para sostenerlas. Entre los acusados, además de funcionarios judiciales, hubo policías de la provincia y de la Federal, otros empresarios y abogados.
Desde 2003, el entonces juez federal Felipe Federico Terán (actualmente suspendido en su cargo) ordenó el secuestro de casi 50 vehículos que todavía permanecen depositados en Gendarmería Nacional.
La causa se inició en 2003 cuando la Justicia Federal descubrió una organización que blanqueaba lujosos automóviles y costosas camionetas robadas o mellizas con oficios judiciales.
En ese momento se detuvo a quien entonces se desempeñaba como prosecretario de la fiscalía IV, Hugo Tarifa. A raíz del escándalo, y luego de un juicio político, la Legislatura destituyó a quien era el titular de esa fiscalía, Héctor Abraham Musi, quien actualmente trabaja como abogado particular.
También fue alejado del cargo quien era el secretario esa fiscalía, Edgardo Ataliva Herrera, aunque él nunca estuvo sospechado en esta causa y su separación del cargo fue ordenada tras una auditoría de la Corte.
Los delitos
El caso tuvo más de 25 imputados, aunque los principales debían responder por el delito de Lavado de Activos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de las imputaciones (falsificación de documento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público) fueron quedando prescriptas o no había pruebas para sostenerlas. Entre los acusados, además de funcionarios judiciales, hubo policías de la provincia y de la Federal, otros empresarios y abogados.
Desde 2003, el entonces juez federal Felipe Federico Terán (actualmente suspendido en su cargo) ordenó el secuestro de casi 50 vehículos que todavía permanecen depositados en Gendarmería Nacional.







