Conflicto declarado, con final impredecible

La falta de un entendimiento entre los dueños de estaciones de servicios y las petroleras podría tener derivaciones dramáticas. Evalúan nuevas protestas. Por Fernando García Soto - Redacción LA GACETA.

10 Julio 2006
El conflicto desatado entre los propietarios de estaciones de servicio y las compañías petroleras y el Gobierno nacional, que incluyó dos paros de ventas de naftas en todo el país que también se concretaron en Tucumán, amenaza con presentar derivaciones dramáticas.
Los estacioneros independientes vienen reclamando desde hace tiempo que se les mejore la rentabilidad en la comercialización de naftas y gasoil -mediante una rebaja de la presión impositiva-, o que las petroleras resignen parte de sus ganancias.
Frente a este reclamo, los responsables de las petroleras no se quedaron de brazos cruzados. Apoyados en una información del Indec, en los últimos días comenzaron a esgrimir el argumento de que durante los primeros seis meses del año las ventas de combustibles al mercado interno de naftas crecieron el 15,9% respecto del mismo período de 2005, lo que permitió quebrar la tendencia negativa de los últimos años. “Es evidente que a más volumen, más ganancia”, dijeron voceros de la petrolera más importante del país.
Los expendedores aseguran que las petroleras comercializan en forma directa o a través de estaciones de servicios propias el 70% del gasoil que se vende en Tucumán. De ser así, las estaciones de servicio independientes (agrupadas en Capega) sólo venderían un tercio de los 30 millones de litros mensuales de gasoil que se distribuyen en nuestra provincia. Este porcentual -de acuerdo con lo que opina el titular de Capega, Juan Montanaro- viola las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que establecen la participación que las petroleras deberían tener en el mercado de los combustibles líquidos. Además, los estacioneros ponen en evidencia que deben afrontar subas en sus costos salariales, de energía y de insumos que rondan entre el 200% y el 300%, mientras que los precios de los combustibles están congelados por disposición del Gobierno nacional.
Los empresarios creen que la situación de las estaciones de servicio es terminal, y que 90 de los 147 establecimientos instalados en la provincia -los que no venden GNC además de naftas- están condenados a desaparecer por la baja rentabilidad que obtienen y por el poco mercado que les queda. Los expendedores denuncian que perdieron los grandes clientes que poseían en otras épocas en Tucumán, como los ingenios, las citrícolas y los sojeros, que -según manifiestan- ahora les compran en forma directa a las petroleras.
También los estacioneros se quejan porque se sienten víctimas de la tan mentada informalidad de Tucumán. Afirman que a partir de que se “institucionalizaron” los lavaderos ilegales, como por ejemplo los que funcionan en la avenida Wenceslao Posse (la que era la pista del ex aeropuerto), perdieron ingresos anexos que antes percibían.

Cortocircuito
Hasta ahora, la comunicación entre los propietarios de estaciones de servicios y el Gobierno nacional no se presenta muy alentadora para tratar de resolver el conflicto. En el único encuentro que los empresarios nacionales mantuvieron con un representante del Gobierno -la noche del lunes pasado, el mismo día del último paro-, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los recibió en su despacho, en Buenos Aires, tras una extensa espera. A saber de los estacioneros, el resultado de la reunión fue nulo. Incluso, los empresarios se quejaron por la actitud descortés del funcionario durante el cónclave, y tanto fue así que hasta llegaron a hablar de un manifiesto “maltrato” en sus expresiones.
Con los canales de diálogo aparentemente cerrados, por ahora, los dueños de las estaciones de servicio independientes están dispuestos a profundizar sus medidas de fuerza. Anticiparon que podrían decretar en los próximos días un paro de entre 24 y 48 horas ante la falta de respuestas, o directamente a suspender la venta de combustibles por tiempo indeterminado, con el consecuente perjuicio que esto ocasionaría a estas empresas y a los consumidores.



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