Los límites al poder político

Es la más joven de las Constituciones argentinas, pero ya exhibe una magulladura. Y como van las cosas, no será la última. Como en la etapa anterior a la celebración de la asamblea reformadora, volvieron los escarceos entre el poder político y la Justicia. Median, sin embargo, diferencias sustanciales entre lo que acontece ahora y lo que pasó antes. Los jueces -especialmente la Corte Suprema de Justicia- nulificaron lo que no se ajustaba a la Constitución de 1990. Subsanados los vicios jurídicos, el proceso se encarriló este año y alumbró el producto aprobado por el alperovichismo y su partido satélite -Participación Cívica-. Quedaron muchos heridos en el camino y no pocas instituciones maltrechas. La imposición de la voluntad política dejó resquicios para que se filtraran los planteos de inconstitucionalidad. De última, los jueces son los intérpretes finales de la Constitución y, además, los más calificados defensores de la independencia del Poder Judicial. A nadie debería extrañar, entonces, que sus fallos tengan repercusiones institucionales y políticas. Ni tampoco que encrespen a los inquilinos de la Casa de Gobierno. Este juego de tironeos tiende a marcar los límites entre ambos poderes. Las imprudentes apreciaciones del alperovichista Carlos Courel hallaron un dique de contención en una acordada de la Corte. El ex convencional constituyente había intimado a Alfredo Dato -titular de la Corte- a que prestara juramento, en el mismo acto que él y el gobernador José Alperovich. La Corte en pleno -con la firma de sus vocales Dato, Antonio Gandur, Mario Goane, Alberto Brito y Eduardo Area Maidana- tachó de inoportuna la ceremonia de juramento. Insistió, además, en que se trató de una exigencia extraña a la materia sujeta a reforma. La palabra de la Corte dio por terminado un capítulo de la serie de choques posconstituyentes. El brío de los políticos chocó con el estado de derecho.
La segunda entrega está en pleno desarrollo. El juez Carlos Giovaniello le ordenó al Gobierno que se abstenga de integrar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), al admitir una demanda del Colegio de Abogados, una organización odiada por la Casa de Gobierno. El diseño constitucional del CAM le asegura a los poderes políticos (Legislativo y Ejecutivo) una preeminencia absoluta en la selección de los candidatos a jueces. En la Corte existe conciencia de que es inconveniente su integración al CAM porque emite dictámenes vinculantes. La entidad liquidada por Alperovich en diciembre de 2003 daba aconsejamientos que no comprometían al Gobierno. Por esa razón, la Corte no titubeaba en sumarse a ella. Además, había una autolimitación del Gobierno, que en 2006 se esfumó.

Nervios en la cumbre
La Justicia sorprendió otra vez al alperovichismo. Los rumores invadieron el mundo de la política. Se llegó a decir que cerca del gobernador alentaban la idea de sugerir la intervención federal parcial al Poder Judicial. Prevaleció, finalmente, la sensatez. No obstante, hubo marchas y contramarchas respecto de qué hacer. El secretario general de la Gobernación, Francisco Sassi Colombres, adelantó que se iba a recurrir judicialmente la decisión desfavorable. Alperovich, sin embargo, optó por acatar lo resuelto por Giovaniello y trasladó al Poder Judicial la responsabilidad por las eventuales complicaciones que genera la existencia de vacantes. Dato alegó que estas eran anteriores a la reforma constitucional de 2006 y que la Justicia no veía entorpecido su funcionamiento. Con todo, flota en el ambiente la sensación de que puede caer el convenio jubilatorio con la Anses, que reconoce el 82% para los jueces y funcionarios. La máxima dirigencia de la Federación Argentina de Magistrados escuchó esa versión en Buenos Aires y quedó naturalmente preocupada por los roces que podría generar en Tucumán. De ser cierto esto, se estaría ante una represalia política del oficialismo por una jugada no prevista de los jueces. Dato descartó públicamente que Alperovich pudiera hacer eso, pero sutilmente deslizó que era impensable cambiar el contenido de una sentencia por un régimen jubilatorio o por el sueño de la ciudad judicial. De todos modos, el episodio desnudó diferencias entre Sassi Colombres -partidario del encuadre jurídico del asunto- y el ala política del gabinete, cuya opinión aceptó Alperovich. La tramitación del litigio en el fuero contencioso administrativo hace suponer que la resolución sobre el fondo del asunto ocurrirá después de la feria judicial de invierno. Por la cadena de apelaciones podría arribar a la Corte hacia los últimos meses de 2006. Los tiempos procesales no se acomodan a las urgencias políticas. No obstante, se evitan las insinuaciones de conflictos de poder.

Después del Mundial
El Mundial se acabó para la Argentina. La vida política se agita, mientras persiste la incertidumbre sobre si se votará para presidente en marzo de 2007. Los peronistas que rodean al ex ministro Roberto Lavagna esperan que la Justicia clarifique si el mandato de Néstor Kirchner expira en ese mes y desconfían de una convocatoria intempestiva. Lavagna enfrenta al kirchnerismo en el ámbito de la política económica y busca ensanchar su base de sustentación sociopolítica. Eduardo Camaño, que supo conducir la Cámara de Diputados durante varios períodos, es el nexo con el peronismo descontento de distintas jurisdicciones. Sin anclaje sólido en el justicialismo, la propuesta lavagnista giraría en el vacío. La UCR es, entonces, una pieza más dentro de la estrategia global del lavagnismo. Hacia mediados de agosto emergería la candidatura presidencial de quiera fuera colaborador de Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde y Kirchner. Para esa época estaría acordada la alianza con el macrismo. Todo es suposición por ahora. Las mutaciones en el tablero político están a la orden del día y producen quiebres de alianzas.En Tucumán, los peronistas refractarios con el status quo miran a Lavagna y siguen de cerca los movimientos del vicegobernador Fernando Juri. Mediante solicitada, algunas agrupaciones sugieren que debe postularse para gobernador en 2007; sin embargo, reina la cautela, porque entienden que el segundo de Alperovich no quiere afectar la gobernabilidad de la provincia.
El talante especulativo de Juri fortalece esa impresión. Sin embargo, parte de su entorno cree que Alperovich, en algún punto, podría desembarazarse del vicegobernador. Señalan que el aparato del justicialismo podría ser intervenido, lo que le allanaría el camino a la designación de postulantes afines. Nada de esto tuvo andamiento aún en la realidad, pero la sola mención de la hipótesis recalienta la imaginación. Otros dirigentes alertan acerca de las manifestaciones de deseo de los juristas a quienes no les gusta la cercanía del alperovichismo. En verdad, Juri no desalienta nada de lo que sucede en su derredor, ni pierde de vista la evolución del lavagnismo. La incertidumbre es su socia de ruta.