02 Julio 2006 Seguir en 
BRASILIA.- La Fiscalía General de Brasil pidió investigar a 42 legisladores por sospechas de que participaron en licitaciones irregulares de compras de ambulancias y materiales sanitarios. De este modo, suman ya 57 los parlamentarios implicados en la llamada “mafia de las ambulancias”.
Los nombres de los sospechosos no fueron revelados, ante la posibilidad de que la Justicia decida mantener la causa bajo secreto sumarial. La mafia fue desbaratada por la “Operación Sanguijuela”, que dirigió la Fiscalía. Las declaraciones de una ex asesora del Ministerio de Salud, que identificó a 169 diputados -un tercio de la Cámara- y a un senador como presuntos beneficiarios de sobornos recibidos por licitaciones fraguadas, fue el hilo conductor de la pesquisa. El esquema se basaba en un procedimiento de liberación fraudulenta de recursos presupuestarios. En primer lugar, dirigentes municipales eran contactados para encargar material sanitario, y una empresa denominada Planam montaba las licitaciones. Los legisladores votaban luego enmiendas al presupuesto que permitieran esas adquisiciones, y funcionarios del Ministerio de Salud garantizaban la liberación del dinero.
Los productos eran sobrefacturados, a veces en 120% por encima de los precios de mercado; y los funcionarios y asesores legislativos que colaboraron eran retribuidos con dinero. En la “Operación Sanguijuela” también fueron detenidos ejecutivos de Planam y dos ex legisladores. (AFP-NA)
Los nombres de los sospechosos no fueron revelados, ante la posibilidad de que la Justicia decida mantener la causa bajo secreto sumarial. La mafia fue desbaratada por la “Operación Sanguijuela”, que dirigió la Fiscalía. Las declaraciones de una ex asesora del Ministerio de Salud, que identificó a 169 diputados -un tercio de la Cámara- y a un senador como presuntos beneficiarios de sobornos recibidos por licitaciones fraguadas, fue el hilo conductor de la pesquisa. El esquema se basaba en un procedimiento de liberación fraudulenta de recursos presupuestarios. En primer lugar, dirigentes municipales eran contactados para encargar material sanitario, y una empresa denominada Planam montaba las licitaciones. Los legisladores votaban luego enmiendas al presupuesto que permitieran esas adquisiciones, y funcionarios del Ministerio de Salud garantizaban la liberación del dinero.
Los productos eran sobrefacturados, a veces en 120% por encima de los precios de mercado; y los funcionarios y asesores legislativos que colaboraron eran retribuidos con dinero. En la “Operación Sanguijuela” también fueron detenidos ejecutivos de Planam y dos ex legisladores. (AFP-NA)







