Mientras el fútbol manda
La corrupción no siempre es enriquecimiento ilícito. También, en política, es proceder de tal manera que las instituciones sean poco más que de utilería. Por Angel Anaya - Columnista.
01 Julio 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Lord Aston, sabio político y viajero empedernido del siglo XVII, dejó una frase pegada a la historia: el poder corrompe y, a más poder, más corrupción. Desde entonces, nadie ha podido demostrar lo contrario. La corrupción no siempre es, por cierto, enriquecimiento ilícito; también y más abundantemente en política, proceder de tal manera que las instituciones sean poco más que figurativas o de utilería. Testimonio cabal es, por ejemplo, la conocida concesión de facultades que el Congreso fue cediendo al Presidente desde que la reforma constitucional de 1994 se propuso atemperar el presidencialismo histórico. Vaya lo uno por lo otro, el gatopardismo de Lampedusa está ahora al borde de consumar su más singular operación en la Argentina, con el proyecto del Poder Ejecutivo para que el Legislativo decline poderes permanentes en la Jefatura del Gabinete. De esa manera, se evita tener que solicitarlos todos los años, después de que en el actual, Alberto Fernández debiera ceder ante la negativa parlamentaria. La novedad es tan gruesa que, como en el caso de los aumentos de sueldos políticos estatales, se produjo en la inmediatez de otro encuentro fufbolítisco del Mundial, suponen los malpensados. Pero la pretendida concesión va más lejos que las temporales precedentes, pues modifica le ley de administración financiera y de los sistemas de control público nacional (24.156), para poder cambiar el presupuesto, aunque sin sobrepasar el total de gastos aprobados por el Congreso. Es decir, y por ejemplo, que lo destinado a inversiones pueda desviarse a sueldos u otras finalidades, lo cual implica una virtual eliminación de la norma. Claro que el jefe del Gabinete no podría elevar el gasto total ni incrementar la deuda pública pero, en compensación, el presidente Kirchner podría hacerlo mediante un decreto de necesidad y urgencia. El círculo de poder, como se advierte, procura seguir cerrándose. En este caso, más elocuentemente, pues la reglamentación de los DNU con dictamen y propiciada por la senadora Fernández de Kirchner, deja al Congreso sin plazo fijo para considerarlos inyectándoles validez mientras el oficialismo sea mayoritario y no tenga voluntad de sesionar. Algo, esto último, que dejó colgado el debate previsto para esta semana en el Senado, por carecer del número conveniente.
El propósito es que el flamante poder permanente que liberaría al Ejecutivo del control parlamentario sea ley antes de que se remita a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2007, para el año electoral. Si las cosas salen como se han planeado, el Palacio de las Leyes tendrá en lo sucesivo un rol muy diferente del asignado por los padres constitucionales. (De nuestra Sucursal)







