Estrategias separadas, con destinos amarrados
El 8 de junio, Terán y Parache estarán muy atentos a lo que decida el Consejo de la Magistratura. Compartirían solidariamente el resultado, cualquiera que este fuese. Por Federico Abel - Redacción de LA GACETA - fabel@lagaceta.com.ar
31 Mayo 2006 Seguir en 
El 8 de junio, a juzgar por las repercusiones institucionales de lo que vaya a decidir el Consejo de la Magistratura (CM), estará en juego mucho más que el destino del juez federal Felipe Terán, hecho que, por sí mismo, ya es sumamente grave. Si el plenario del CM, finalmente, resuelve someter al magistrado a un proceso de destitución, inmediatamente, como por efecto dominó, es posible que se levanten con mayor determinación quienes ya piden igual remedio para Jorge Parache, también bajo sumario por el mismo tema: presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos, como consecuencia de la pesificación que siguió a la declaración de que la Argentina había entrado en cesación de pagos (default).
Pero si sucede lo contrario, si el CM archiva las actuaciones o las manda a la comisión de Disciplina (lo que equivaldría a un simple cosquilleo), con mayor razón, en esta hipótesis, hasta el propio Parache -no ya los consejeros- podría reclamar igual beneficio.
En consecuencia, más allá de que las actuaciones contra uno y otro juez corran por cuerdas separadas y con plazos diferentes, los resultados podrán ser solidariamente sufridos o explotados. Siempre, en una u otra variante, el argumento será: ¿por qué a uno sí y al otro no, si hubo dos auditorías que revelaron el libramiento de medidas cautelares genéricas similares en ambos despachos, que no particularizaban respecto de qué sumas en bonos de los demandantes el Estado debía abstenerse de aplicar la normativa que depreció (pesificó) los títulos? A ello hay que añadir que el informe de la Cámara Federal de Apelaciones elevado al CM no hace distingos entre las situaciones de Terán y de Parache; simplemente se limitó a marcar filosamente que, previo al dictado de las cautelares, había que verificar si los títulos habían sido adquiridos antes o después del default.
Resulta paradójico. Los magistrados desplegaron tácticas diferentes ante la comisión de Acusación del CM y hasta no dudaron en cruzar cortantes estiletazos dialécticos: Terán se jactó de haber sido el único que dio intervención al fiscal de turno (Carlos Brito) frente a la sospecha de que habría habido maniobras para perjudicar al fisco, y Parache replicó que en su juzgado no hubo una causa como la de Borquez. Pero más allá de estas punciones, el jueves 8, seguramente, les rezarán a las mismas deidades; en particular, Parache: todo le será más fácil (equiparar su caso al de un eventual Terán absuelto) o más difícil (diferenciarse de un eventual Terán suspendido y sentado frente al jurado de enjuiciamiento), según lo que decida el CM.
Kiper, el defensor ad hoc
Otra curiosidad. Las actuaciones en el CM, articuladas para determinar si corresponde someter a los jueces a un proceso de destitución, tienen por finalidad preservar al servicio de Justicia; para lo cual, como sucede en estos casos, urge constar que, frente a la presunción de un mal desempeño (o de dos), aquella función, en la que radica buena parte de la razón de ser del Estado, es prestada por jueces probos, como enseñan los tratadistas de Derecho Constitucional.
Por eso llama la atención el argumento esgrimido por el magistrado porteño Claudio Kiper, abogado defensor de facto de Terán en el CM -y se supone que de Parache, si llega el momento-, para replicar a quienes lo acusan de militar en el corporativismo judicial.
En un primer momento, Kiper sugirió que antes de avanzar contra Terán había que esperar los resultados de la investigación del fiscal Brito, como si la instancias penal y la político-institucional, que supone el sumario ante el CM, fueran las mismas, y como si a Terán (o a Parache) el CM les imputara la comisión de algún delito. Recientemente, como si manejara el corporativiómetro -valga el neologismo-, Kiper acotó que los jueces les ganaban, por ejemplo, a periodistas y a médicos, que no se caracterizaban por denunciar a sus pares. Es decir, lejos de sacar a los magistrados del laberinto de las corporaciones, los rebajó y los metió -como un colectivo social o gremial más- en una competencia con otros grupos. En ningún caso habló de la institución a la que hay que preservar: la Justicia Federal. En algunos casos, hasta de sus propios integrantes.
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