25 Mayo 2006 Seguir en 
El Poder Ejecutivo Nacional, como informamos, se ha declarado dispuesto a practicar profundas innovaciones en el sistema educativo. Se considera que la denominada Ley Federal de Educación (Nº 24.195) requiere urgentes reformas, a la luz de la experiencia. El Gobierno, según anunció, elevará una propuesta para que sea discutida de forma intersectorial. Entre sus principales pautas, están la obligatoriedad de la enseñanza secundaria; la actualización urgente de contenidos -que están generalmente atrasados o inadecuados-, y medidas tendientes a evitar la fragmentación y las asimetrías hoy existentes. Esto, porque no existe una adecuada articulación de las jurisdicciones, lo que crea desigualdades, con educandos que, según el lugar en que se encuentren, reciben enseñanzas distintas. Para confeccionar la propuesta que se elevará al Congreso, se busca lograr una sustentación de verdadero consenso. En la última de las notas que dedicamos al asunto, la autoridad educativa de Tucumán apuntó una serie de rubros que debiera enfocar la nueva legislación. Por ejemplo, las condiciones laborales, en el sentido de que se concentren las horas de los profesores de nivel medio, lo que redundaría en un mayor compromiso -y en una mejoraría la calidad-, y una legislación sobre la educación infantil, de jardines de cinco años para los chicos y de cuatro para los sectores vulnerables. En suma, una ley integral, apta para formar jóvenes del siglo XXI, que interrelacione proyectos de sociedad, de política y de política educativa.
Nadie puede dudar de que estamos ante un tema mayor, que tiene urgente necesidad de manifestarse en una verdadera política de Estado, y trascender así las providencias de coyuntura o de mero parche. De sobra se conocen las expresiones negativas que este panorama presenta: cientos de miles de niños que no terminan la escuela básica; 400.000 que no concluyen la media; 56.000 que quedan fuera de los jardines de cinco años. En los exámenes de ingreso universitario, cada año se aprecian resultados más pobres. Como una de las consecuencias, el 15% de los puestos de trabajo disponibles no puede cubrirse por falta de personas capacitadas. Estos pocos datos están mostrando que mejorar la educación constituye un requerimiento urgente.
Que la Ley Federal de Educación no ha funcionado parece evidente. Está a la vista de cualquiera la defectuosa formación con que egresan -cuando egresan- los educandos. Quienes han observado esta realidad notan fallas graves en materias elementales, como la comprensión de textos, el lenguaje y la matemática, así como una notoria falta de creatividad. Todo esto, en medio de los cada vez más fuertes y acuciantes desafíos que el mundo contemporáneo presenta a los países y, por lo tanto, a su juventud, en el carácter de capital más preciado.
Parece acertado que la modificación que se proyecta vaya a diseñarse -según los anuncios- luego de la detenida consulta a los especialistas, a las instituciones y a los factores involucrados. Esto abre la posibilidad de llegar a implementar un cuerpo de normas consensuado, que realmente refleje la experiencia y la realidad, y no sea una arbitraria creación legislativa.
Urge lograr un sistema que incluya, y no que excluya. Y para ello, además, el Estado debe proponerse realizar fuertes inversiones en educación, además de las destinadas a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, que complementan la primera. No podemos demorarnos más en ingresar en una "sociedad del conocimiento", única capaz de lograr un auténtico progreso para las naciones modernas, en todos los órdenes.
Nadie puede dudar de que estamos ante un tema mayor, que tiene urgente necesidad de manifestarse en una verdadera política de Estado, y trascender así las providencias de coyuntura o de mero parche. De sobra se conocen las expresiones negativas que este panorama presenta: cientos de miles de niños que no terminan la escuela básica; 400.000 que no concluyen la media; 56.000 que quedan fuera de los jardines de cinco años. En los exámenes de ingreso universitario, cada año se aprecian resultados más pobres. Como una de las consecuencias, el 15% de los puestos de trabajo disponibles no puede cubrirse por falta de personas capacitadas. Estos pocos datos están mostrando que mejorar la educación constituye un requerimiento urgente.
Que la Ley Federal de Educación no ha funcionado parece evidente. Está a la vista de cualquiera la defectuosa formación con que egresan -cuando egresan- los educandos. Quienes han observado esta realidad notan fallas graves en materias elementales, como la comprensión de textos, el lenguaje y la matemática, así como una notoria falta de creatividad. Todo esto, en medio de los cada vez más fuertes y acuciantes desafíos que el mundo contemporáneo presenta a los países y, por lo tanto, a su juventud, en el carácter de capital más preciado.
Parece acertado que la modificación que se proyecta vaya a diseñarse -según los anuncios- luego de la detenida consulta a los especialistas, a las instituciones y a los factores involucrados. Esto abre la posibilidad de llegar a implementar un cuerpo de normas consensuado, que realmente refleje la experiencia y la realidad, y no sea una arbitraria creación legislativa.
Urge lograr un sistema que incluya, y no que excluya. Y para ello, además, el Estado debe proponerse realizar fuertes inversiones en educación, además de las destinadas a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, que complementan la primera. No podemos demorarnos más en ingresar en una "sociedad del conocimiento", única capaz de lograr un auténtico progreso para las naciones modernas, en todos los órdenes.
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