La gran herramienta del poder

La suma de recursos que el Poder Ejecutivo Nacional ha conseguido poner a su disposición durante los recientes años, ha centralizado hasta niveles sin precedentes en un Gobierno constitucional la disponibilidad de fondos del Estado y de las provincias, así como su autonomía distributiva. Tal circunstancia, además de condicionar al federalismo, instaura un presidencialismo extremado, que la reforma constitucional de 1994 procuró limitar mediante la inclusión de recaudos institucionales que las mayorías oficialistas del Congreso no respetan en su espíritu. Seguramente que la más grave omisión es la reglamentación pendiente desde entonces de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos; una de las cuestiones por las que se comprometió a resolver el presidente Kirchner al ser electo y, por la cual, las autonomías provinciales han terminado cediendo a un modelo unitario de hecho. En ese orden siguen los Aportes del Tesoro Nacional, establecidos por la ley 23.549, que el poder central asigna sin control del Congreso en casos de emergencias financieras y de otra naturaleza, pero que desde su sanción en 1989 han beneficiado a administraciones afines al Gobierno de turno. También la ley de emergencia económica, anualmente prorrogada invocando la crisis, autoriza al PEN a reasignar fondos del Presupuesto con destinos diferentes de los establecidos por la ley fiscal, sin que el Congreso fiscalice esas derivaciones a cargo del jefe de Gabinete.
Una de las causas por las que las relaciones con el FMI quedaron afectadas, dando lugar a la cancelación de la deuda, fue precisamente la insistencia del organismo en la necesidad de sancionar el régimen de coparticipación, calificado de prioritario al asumir el doctor Kirchner. A todo ello, se sumaron otras concesiones o facultades delegadas por el Parlamento en el PEN que, disimuladamente o no, permiten asignaciones de recursos que, en su totalidad con  las anteriores, configuran lo que en el común de nuestra política suele denominarse “caja presidencial”. Semana a semana, tras repetidas convocatorias a la Casa Rosada, desde gobernadores hasta los sectores más diversos de intereses, concurren a recibir esos recursos, oportunidad en que el Presidente suele pronunciar un mensaje en el que no siempre el tema concierne al de la cita. Ultimamente esos discursos se han dedicado a descalificar a la oposición o a denunciar al periodismo, cuando no a gestiones de su propio partido en el pasado, muchos de cuyos responsables hoy apoyan al Gobierno o forman parte de él.
El tono presidencial ditirámbico sustituye a la negada comunicación con los medios y, en el caso de los gobernadores, esa tribuna periódica cuenta con un auditorio que no deja de incluir a opositores necesitados de los recursos que la frustrada institucionalidad no les provee.
También es cierto que la realidad descripta fue favorecida desde la reforma constitucional por la mayoría de las provincias, cuyos gobiernos prefirieron renunciar a los recursos genuinos de la coparticipación federal a cambio de un próspero centralismo. Hasta el punto de que más del 60 % del gasto provincial proviene de la Nación, cuando no el 70 %, sin imaginar que el tiempo no pasaría sin las consecuencias que hoy ensombrecen la institucionalidad republicana, fundada en una transparente separación del poderes.
De la economía se ha dicho reiteradamente que es la clave del bienestar social, antes que la ciencia de un capitalismo improductivo; pero en la Argentina, el concepto, como tantas otras cosas de nuestra vida pública, define mejor una indisimulada herramienta política para conservar el poder público.