15 Mayo 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Tarde o temprano, las cuestiones que dividen a la sociedad llegan a la Corte Suprema para que se produzca una definición normativa e institucional. La posibilidad de que la tenencia de drogas para consumo personal no sea penalizada parece iniciar su camino hacia el máximo tribunal y la polémica ya está instalada.
Una primera definición llegó la semana pasada, a través de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña: para el tribunal, portar sustancias prohibidas para consumirlas no es un delito y sólo debe penarse en casos en que afecta la salud pública.
Una posición similar a aquella tenía la Corte Suprema durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta que en 1990, con una mayoría de jueces nombrada por el ex presidente Carlos Menem, el máximo tribunal se volcó a favor de la penalización.
Ahora, y mientras la Corte Suprema con la nueva composición delineada bajo la presidencia de Néstor Kirchner toma decisiones, en el debate que se inició en la sociedad ya se perfilan dos posturas claras.
El constitucionalista Daniel Sabsay, por ejemplo, se pronunció a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley de estupefacientes porque viola los preceptos del artículo 19 de la Constitución nacional, que resguarda el ámbito de la intimidad de las personas. "Además -sostuvo- es inteligente como estrategia: es absurdo hacer perder a los jueces tiempo con situaciones que no tienen nocividad, cuando deberían estar ocupándose de los grandes cargamentos de droga".
Desde la vereda contraria, Juan Carlos Blumberg calificó de lamentable el fallo de la Cámara. "Se está permitiendo que la gente se haga daño, y eso puede afectar sensiblemente la seguridad. La gente que se hace daño cuando esta drogada puede ocasionar daños a otros individuos, y el Estado y la sociedad tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos", subrayó.
El titular de la Fundación Axel Blumberg consideró que si los drogadictos sufren una enfermedad se los tiene que llevar a un lugar para que se curen y no dejar que se hagan daño.
Correlación con los delitos
El diputado Eugenio Burzaco, del bloque PRO, opinó por su parte que hay una alta correlación entre consumo de drogas y delitos violentos. El legislador y experto en cuestiones de seguridad consideró que el Estado debe perseguir los grandes cargamentos y los pequeños.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) está a favor del fallo de la Cámara Federal, y señaló que el sistema penal da respuestas distintas ante casos de consumo de estupefacientes.
"Lo más probable con un chico de clase media es que la causa termine en un archivo del expediente y con el imputado excarcelado", señaló Verdú, que relató el caso de un joven de bajos recursos detenido en Constitución que estuvo dos años y medio preso en una causa en la que luego fue sobreseído.
Verdú advirtió que la penalización del consumo le da la posibilidad a las fuerzas de seguridad de fraguar causas "plantando" estupefacientes, que luego son usadas para hacer estadísticas de actividad policial.
La polémica sobre la tenencia de drogas para consumo se da en en un momento en que ha aumentado el consumo de drogas de alta nocividad (como el "paco") en sectores de bajos recursos; en un país en el que los remedios más vendidos son los destinados al sistema nervioso; y donde cunde el uso abusivo de esas y de otras drogas legales, como el alcohol. (NA)
Una primera definición llegó la semana pasada, a través de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña: para el tribunal, portar sustancias prohibidas para consumirlas no es un delito y sólo debe penarse en casos en que afecta la salud pública.
Una posición similar a aquella tenía la Corte Suprema durante el gobierno de Raúl Alfonsín, hasta que en 1990, con una mayoría de jueces nombrada por el ex presidente Carlos Menem, el máximo tribunal se volcó a favor de la penalización.
Ahora, y mientras la Corte Suprema con la nueva composición delineada bajo la presidencia de Néstor Kirchner toma decisiones, en el debate que se inició en la sociedad ya se perfilan dos posturas claras.
El constitucionalista Daniel Sabsay, por ejemplo, se pronunció a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley de estupefacientes porque viola los preceptos del artículo 19 de la Constitución nacional, que resguarda el ámbito de la intimidad de las personas. "Además -sostuvo- es inteligente como estrategia: es absurdo hacer perder a los jueces tiempo con situaciones que no tienen nocividad, cuando deberían estar ocupándose de los grandes cargamentos de droga".
Desde la vereda contraria, Juan Carlos Blumberg calificó de lamentable el fallo de la Cámara. "Se está permitiendo que la gente se haga daño, y eso puede afectar sensiblemente la seguridad. La gente que se hace daño cuando esta drogada puede ocasionar daños a otros individuos, y el Estado y la sociedad tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos", subrayó.
El titular de la Fundación Axel Blumberg consideró que si los drogadictos sufren una enfermedad se los tiene que llevar a un lugar para que se curen y no dejar que se hagan daño.
Correlación con los delitos
El diputado Eugenio Burzaco, del bloque PRO, opinó por su parte que hay una alta correlación entre consumo de drogas y delitos violentos. El legislador y experto en cuestiones de seguridad consideró que el Estado debe perseguir los grandes cargamentos y los pequeños.
La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) está a favor del fallo de la Cámara Federal, y señaló que el sistema penal da respuestas distintas ante casos de consumo de estupefacientes.
"Lo más probable con un chico de clase media es que la causa termine en un archivo del expediente y con el imputado excarcelado", señaló Verdú, que relató el caso de un joven de bajos recursos detenido en Constitución que estuvo dos años y medio preso en una causa en la que luego fue sobreseído.
Verdú advirtió que la penalización del consumo le da la posibilidad a las fuerzas de seguridad de fraguar causas "plantando" estupefacientes, que luego son usadas para hacer estadísticas de actividad policial.
La polémica sobre la tenencia de drogas para consumo se da en en un momento en que ha aumentado el consumo de drogas de alta nocividad (como el "paco") en sectores de bajos recursos; en un país en el que los remedios más vendidos son los destinados al sistema nervioso; y donde cunde el uso abusivo de esas y de otras drogas legales, como el alcohol. (NA)







