La Policía denunció a más de 350 agentes por sedición

Más de 350 agentes de la Patrulla Urbana están acusados de sedición agravada, a raíz del amotinamiento que protagonizaron el 6 de abril, cuando reclamaron que se concrete su pase a planta permanente de la Policía. La denuncia fue efectuada por el propio jefe de la Patrulla, Pedro Angel Lazarte y está en manos de la fiscal VIII de Instrucción, Adriana Gianonni.
Ese día, los policías decidieron no salir a trabajar, y se encerraron en el patio trasero de la dependencia, ubicada en calle Maipú al 400. Se trataba de agentes contratados y transitorios. Los primeros advertían que ya habían pasado dos años desde que estaban en esa situación, y que habían recibido la promesa de que, transcurrido ese tiempo, serían efectivizados. Los segundos, en tanto, pedían que por lo menos se les hiciera un contrato como el de sus compañeros.
El amotinamiento duró más de 24 horas y estuvo acompañado por los familiares de los agentes, que se agolparon a la puerta de la dependencia. Ante la gravedad del caso, se hicieron presentes en ese lugar el jefe de Policía, comisario general Hugo Raúl Sánchez, y el secretario de Seguridad, Eduardo di Lella. Ambos funcionarios fueron insultados por algunos de los Policías. Luego del momento de tensión, lograron hablar con los amotinados. Ya el 7 de abril, el vicegobernador Fernando Juri, a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, se comprometió a efectivizar a los agentes. Y así lo hizo, ya que 1.200 uniformados fueron pasados a planta permanente.

Palabras ofensivas
Sin embargo, Juri, en ese momento, les había advertido que la medida que habían tomado era muy grave, y adelantó que se iniciarían actuaciones administrativas. Pero, finalmente, desde la Jefatura de Policía se decidió avanzar con una denuncia penal por sedición agravada. En ella se advierte que los amotinados "emitieron palabras ofensivas hacia la autoridad, no accedieron al diálogo ni aceptaron pautas, atribuyéndose facultades no adquiridas, ni propias de la institución, alzándose públicamente en contra de los dictámenes emanados por el Superior Gobierno de la Provincia, las cuales fueron enérgicamente cuestionadas".
En la denuncia, además, se identifica a varios policías como cabecillas del amotinamiento, y se tipifica el agravamiento en el hecho de que los agentes estaban uniformados y y armados. Según el Código Penal de la Nación, este delito prevé penas de hasta seis años de prisión, por lo que, si la Justicia encuentra culpables a algunos de los acusados, además de dejar de pertenecer a la Policía, pueden ser condenados.
La fiscal Gianonni aún debe llamar a declarar al comisario Lazarte, para que ratifique la denuncia.