El juez Terán podría quedar suspendido a partir del jueves

Llegó la hora de la verdad para el juez federal número dos, Felipe Terán. El jueves, a las 9.30 en Buenos Aires, se reunirá el pleno del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) para resolver si somete al magistrado a un proceso de destitución, como sugirió el lapidario informe del diputado nacional justicialista Carlos Kunkel. Si el CM aprueba el dictamen de este último, Terán quedará automáticamente suspendido por seis meses, plazo durante el cual el jurado de enjuiciamiento deberá llegar a una conclusión.
En un primer momento la reunión del pleno se iba a desarrollar el 4 de mayo, pero fue anticipada para pasado mañana. El tratamiento del expediente de Terán, por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en la que particulares reclamaban al Estado el pago de títulos públicos supuestamente afectados por el default (de 2001), que significó la pesificación de los bonos, figura en el quinto lugar del orden del día.
Para que Terán pueda ser sometido a un proceso de remoción, el dictamen de Kunkel debería contar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno del CM, que es formado por 20 consejeros. Si el jueves asisten todos, 14 tendrían que avalar las conclusiones del diputado, para que proceda la remoción del magistrado. En cambio, si concurren 19, por ejemplo, son necesarias 13 adhesiones; y si van 18 o 17 consejeros, 12 votos.

Designaciones
Como el pleno sólo puede aprobar o desechar el dictamen de la comisión de Acusación, si sucede lo primero, automáticamente, quedarán designados Kunkel y el consejero Luis Pereira Duarte (representa a los abogados) para sostener la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Esto había aprobado la comisión de Acusación del CM el 12 del corriente.
En su dictamen, Kunkel aseveró que Terán incurrió en mal desempeño. En seis ocasiones dijo que "fue funcional a maniobras que permitieron el enriquecimiento sin causa (de particulares), al margen de las normas jurídicas y a costa del Estado". Y dos veces le endilgó el haber otorgado "cheques en blanco", forma eufemística de referirse a las medidas cautelares mediante las cuales se ordenaba al Estado que pagara, pero sin precisar la cantidad de bonos alcanzados; las órdenes se limitaban a describir el número de cuenta del beneficiario (tenedor de los títulos), lo que alentó la sospecha del Ministerio de Economía de que habrían sido sumados (a la cuenta de los accionantes) bonos adquiridos a posteriori de la declaración de default, cuando, por la situación del país, valían muy poco.
El caso testigo, según Kunkel, fue el de Yolanda Borquez. Cuando inició la demanda presentó un certificado de tenencia de títulos por U$S 620.000, pero cuando salió la orden de pago había depositado en la cuenta de aquella casi U$S 5 millones, por lo que Terán dejó sin efecto la medida frente a la insistencia de la Nación.