La Justicia está empeñada en abrir sus puertas a la sociedad

SANTA FE (Especial para LA GACETA).- Finalizó antes de lo previsto, y el apuro fue evidente. La Conferencia Nacional “Jueces y Sociedad” debía prolongarse hasta ayer para que fueran presentadas las conclusiones de los debates. Pero los casi 600 magistrados comenzaron a dispersarse, y muchos no ocultaron el deseo de emprender el regreso a sus provincias de origen. La inminencia del fin de semana fue más imperiosa que la necesidad de cumplir con el objetivo: discutir para obtener consensos que redunden en un fortalecimiento del Poder Judicial y en una mejor relación de este con la sociedad.
Nerviosos y con una premura extraña a la labor judicial, los jueces redactores de cada comisión pusieron por escrito el resultado del debate realizado en el paraninfo del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral.
Respecto de la capacitación de funcionarios y empleados, aseguraron que se trata de un deber ético y pidieron más presupuesto para este fin.

Discriminación en tareas cotidianas
Especificaron que la educación judicial debe considerar las diversas formas que asume la discriminación en las tareas cotidianas. Además, llamaron a que haya coordinación entre las escuelas del Poder Judicial de la Nación y las de las Justicias provinciales.
“Hay que adoptar una política de comunicación con la prensa”, concluyó otra comisión. A tal fin, se propuso la implementación de un centro de información judicial, creado por las Cortes y tribunales superiores con participación de las organizaciones representativas de los jueces.
El objeto sería recolectar y comunicar toda la información judicial e institucional relevante para la sociedad. La comisión, además, entendió que todavía no ha sido debatida suficientemente  cuál es la información judicial que puede hacerse pública y cuál debe quedar reservada.

Con fundamento
La tercera conclusión es que los jueces deben actuar de manera que la sociedad perciba claramente que son independientes de toda influencia política, económica, social o mediática.
La comisión que debatió sobre el tema reiteró que la inamovilidad es esencial para que el juez pueda decidir sin temor a ser removido. “Por ello, todo pedido de enjuiciamiento debe ser fundado y analizado con la mayor seriedad, y rápidamente desechado cuando no reúna esos requisitos mínimos”, expresa el texto final.

Independencia judicial
Además, se propuso la creación de una Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, para coordinar la defensa de este objetivo entre el Poder Judicial de la Nación y el de las provincias, y elaborar sugerencias de reforma legislativa que incidan sobre la Justicia.
La conferencia logró -no sin agobio- fijar algunos consensos. Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el brindis final pidió que aquellos sean operativos y no sólo meros deseos.