31 Marzo 2006 Seguir en 
Madrid.- Tras un tenso debate que duró más de 7 horas, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el polémico Estatuto de Autonomía de Cataluña, que concede a esta comunidad del noreste de España un mayor autogobierno y el reconocimiento de nación. El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), junto con los nacionalistas moderados catalanes, vascos, gallegos, canarios y la Izquierda Unida (IU), sumaron 189 votos a favor (54% de la Cámara), mientras que el opositor Partido Popular (PP), los independentistas catalanes (ERC) y el pequeño partido vasco Eusko Alkartasuna (EA) lograron 154 votos en contra. Se abstuvieron la Chunta Aragonesista (CHA) y la formación navarra Nafarroa Bai. El texto pasa ahora al Senado y deberá ser ratificado en un referéndum popular en Cataluña, previsto para junio.
Según el líder del PP, Mariano Rajoy, el nuevo estatuto supone el principio del fin del Estado tal y como lo concibieron los españoles tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En cambio, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el texto es producto del consenso. El ERC, principal impulsor de la reforma, votó en contra tras considerar que el texto, que pasó primero por el filtro de la Comisión Constitucional, no refleja el espíritu original.
Tres siglos después
El presidente del gobierno catalán, el socialista Pasqual Maragall, dijo que Cataluña ha conseguido con esta votación lo que no pudo en 300 años. Aprobada en su versión inicial en setiembre de 2005 por el Parlamento regional, la reforma concede a Cataluña poderes que, según Maragall, reflejan el nivel de autogobierno que merecen sus 6,8 millones de habitantes. Según los detractores, el estatuto sitúa a Cataluña como un Estado dentro del Estado, con competencias que podrían alentar las aspiraciones en otras comunidades históricas, como el País Vasco o Galicia.
En el texto aprobado ayer se lee: "La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad de Cataluña como una nacionalidad". Esta definición sólo aparece en el preámbulo del nuevo estatuto y no en el articulado, como pretendía el ERC.
También suaviza la rigurosidad de la expresión "Cataluña es una nación", que figuraba en el primer artículo del proyecto original. (DPA-Especial)
Según el líder del PP, Mariano Rajoy, el nuevo estatuto supone el principio del fin del Estado tal y como lo concibieron los españoles tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). En cambio, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el texto es producto del consenso. El ERC, principal impulsor de la reforma, votó en contra tras considerar que el texto, que pasó primero por el filtro de la Comisión Constitucional, no refleja el espíritu original.
Tres siglos después
El presidente del gobierno catalán, el socialista Pasqual Maragall, dijo que Cataluña ha conseguido con esta votación lo que no pudo en 300 años. Aprobada en su versión inicial en setiembre de 2005 por el Parlamento regional, la reforma concede a Cataluña poderes que, según Maragall, reflejan el nivel de autogobierno que merecen sus 6,8 millones de habitantes. Según los detractores, el estatuto sitúa a Cataluña como un Estado dentro del Estado, con competencias que podrían alentar las aspiraciones en otras comunidades históricas, como el País Vasco o Galicia.
En el texto aprobado ayer se lee: "La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad de Cataluña como una nacionalidad". Esta definición sólo aparece en el preámbulo del nuevo estatuto y no en el articulado, como pretendía el ERC.
También suaviza la rigurosidad de la expresión "Cataluña es una nación", que figuraba en el primer artículo del proyecto original. (DPA-Especial)
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