Idénticas razones

Rescindir el contrato de concesión de un servicio público a una empresa cuyo socio mayoritario era un inversor extranjero, en plena década de los ?90 (1997) fue un acto mucho más meritorio que el que hoy exhibe el Gobierno nacional.
Aun cuando había sobradas razones para hacerlo, porque la empresa había incumplido la inversiones y mejoras del servicio pactadas en el contrato, el Gobierno tucumano -de distinto signo político que el Poder Central- sufrió fuertes presiones del Poder Ejecutivo nacional para renegociar. Debió hacerlo en condiciones claramente inconvenientes a los intereses de los tucumanos, un contrato que nació sospechado y que rápidamente provocó la resistencia de los usuarios por la altas tarifas y la mala calidad de las prestaciones.
Como Fiscal de Estado, aconsejé no sólo la rescisión. Demandamos a la concesionaria en los Tribunales tucumanos y fuimos a Washington a defender la decisión, lo que nos valió un laudo arbitral favorable.
Lamentablemente, al cambiar el gobierno provincial, la demanda contra la empresa, por U$S 30 millones, fue retirada y nunca reiniciada. Aunque la ex concesionaria sigue reclamando en el Ciadi, quienes fuimos protagonistas de los esfuerzos para una renegociación digna, la rescisión y el éxito en el proceso arbitral, nunca más fuimos consultados. El servicio, hoy prestado por el Estado provincial, no hizo las obras tan necesarias y tan demoradas que el contrato de concesión exigía. Como se ve, a Tucumán le quedan muchas tareas pendientes en materia de agua y cloacas y a la Nación te tocará seguramente enfrentar una demanda en el Ciadi que esperamos sepa defender con las mismas ganas y convicción como lo hicimos los tucumanos. Por una y otra causa, no es aún tiempo de cantar victoria.