En el Estado aún no se cerró el debate

El Gobierno logró oxígeno en la búsqueda por contener las reiteradas demandas salariales de los gremios, con el pago de una ayuda social a los empleados públicos. Esa tranquilidad social, sin embargo, es transitoria, ya que estará dada por la evolución de la inflación en esta primera parte del año y por los posibles aumentos salariales que disponga el Gobierno nacional. De acuerdo con los cálculos oficiales, las luchas por los reajustes en los sueldos del sector público podrían reactivarse en el segundo semestre, cuando el panorama económico del país observe ciertas tendencias en sus principales indicadores.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, sostiene que el Estado otorgó incrementos paulatinos con el fin de recomponer el poder adquisitivo del trabajador. Respecto de futuros aumentos, el funcionario precisa que dependerá del incremento en los niveles de recaudación. "Estamos avanzando de a poco, pero el gobernador (José Alperovich) dio claras directivos de que es necesario cuidar que el gasto no crezca y que es fundamental generar ahorros para atender futuras contingencias", dice el ministro.
"La mayoría de los empleados públicos tienen remuneraciones que están por encima del valor de la canasta básica total", puntualiza Jiménez, quien agrega que el pago de la ayuda social impactará negativamente en la previsión que efectuó la actual gestión para la inversión de obras públicas.
Desde la vereda del frente, los gremios estatales consideran que más que hablar de aumentos, debe usarse el término recomposición salarial. "El debate salarial para nada está cerrado: en una provincia que tiene ingresos promedios mensuales superiores a los $ 220 millones, no puede decirse que haya una buena distribución de la riqueza", afirma Carlos Arnedo, dirigente de la Unión de Docentes de Tucumán (UDT).
"Pese a la bonanza fiscal existente, los trabajadores no hemos alcanzado el poder adquisitivo previo a la devaluación y es cero la voluntad política del Gobierno por alcanzar un salario digno", agrega Arnedo.
Desde la filial Tucumán de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), su secretario adjunto, Luis Albornoz, indica que, si bien las ayudas sociales contribuyen a recuperar parte del salario, no es menos cierto de que el Estado liquida los sueldos con sumas no remunerativas y no bonificables que atentan contra las futuras jubilaciones. Albornoz, en ese aspecto, acota que el promedio de antigüedad en el sector público tucumano es de 20 años. "Es indudable que hay que luchar para que crezca el salario básico", manifiesta.
Vicente Ruiz, del Frente de Gremios Municipales del Interior, puntualiza que, por el pago de las sumas no remunerativas y no bonificables, un agente que hoy cobra un sueldo de $ 800 mensuales, podría llegar a percibir un haber de $ 350 si se jubila en las actuales condiciones salariales. "En la boleta tenemos sumas fijas no bonificables, ayudas sociales y, además, nos pagan un 20% del sueldo con tickets. En algún momento, el Gobierno debe sentarse a debatir con los gremios el blanqueo de estos ítems", considera el también referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Más allá de estos planteos sindicales, en el Poder Ejecutivo también existen otros frentes abiertos por demandas salariales. Con las últimas ayudas sociales, hay agentes de las categorías más altas del escalafón que ya piden discutir sus ingresos por el achicamiento de la pirámide salarial en el Estado.



Desde que el país decidió abandonar la convertibilidad y la paridad cambiaria entre el peso respecto del dólar, los salarios del sector público crecieron un 25,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Sin embargo, esa mejora aún no equipara los efectos del aumento del costo de vida desde fines de 2001 hasta nuestros días (más del 60%). Los reclamos de los gremios estatales por una recomposición del poder adquisitivo del trabajador del sector público encuentran sustento en que, en la misma medición del Indec, se confirma que las subas de sueldos del Estado son más desaceleradas que en el sector privado. Según el Indec, el Indice de Salarios, desde fines de 2001 hasta febrero último, mostró un incremento del 91,97% en el sector privado registrado, mientras que, en el caso de los trabajadores en negro, ese aumento fue del 36,19%.
El Indice de Salarios estima la evolución de los salarios pagados en la economía. Esta medición considera al salario como un precio, por lo que se procura aislar el indicadores de variaciones a conceptos tales como la cantidad de horas efectivamente trabajadas, el ausentismo o pagos especiales por productividad.


Para cualquier cálculo de aumento de salarios, los trabajadores, sean estos de la actividad privada o del Estado, toman como base la evolución de la canasta básica total que contiene las estimaciones sobre el costo de los alimentos como de los servicios indispensables para el bienestar de la familia (salud, educación y transporte, entre otros). Esa canasta, a su vez, marca cual es el límite que tiene una familia tipo (un matrimonio y dos hijos de entre cinco y ocho años) para no caer por debajo de la línea de pobreza.
En la última medición de la Dirección de Estadística de la Provincia, se estableció que el costo de la canasta básica total en febrero ascendió a $ 733,23 mensuales, siendo esta $ 100 inferior a la canasta de consumo familiar (el gasto mensual deseado por un grupo, incluyendo esparcimiento y otros ítems).
Para el caso de un hogar con cinco integrantes, el valor de la canasta básica total se incrementa a $ 797,29. Según los dirigentes sindicales, estos indicadores deberían servir como parámetros para el recálculo del sueldo básico de un trabajador y su actualización paulatina respecto de los valores existentes antes de la devaluación del peso respecto del dólar.