08 Marzo 2006 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El Ministerio de Economía sufrió un inesperado traspié en el Congreso porque los senadores del oficialismo cuestionaron, en sintonía con la oposición, el proyecto de ley sobre ejecuciones hipotecarias y acordaron avanzar sólo con la prórroga por 90 días de los remates de las viviendas.
El proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, con la firma de la ministra Felisa Miceli, no sólo contemplaba la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de los deudores que tomaron créditos en entidades no bancarias con el fin de adquirir una vivienda única y familiar. La iniciativa también creaba una instancia de negociación para acreedores y deudores por afuera del Sistema de Refinanciación Hipotecaria auspiciado por el Estado, para ver si los deudores podían presentar una mejora de su oferta de pago y evitar la ejecución de los inmuebles.
Pero la propuesta recibió duras críticas por una razón central: los senadores entienden que legislar de ese modo podría sentar una interpretación negativa respecto del fallo que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente en relación con la pesificación. Estiman que si se aprobara el proyecto sería un aval para la doctrina de la responsabilidad compartida entre acreedores y deudores en los costos derivados de la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas en 2002. (DyN)
El proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, con la firma de la ministra Felisa Miceli, no sólo contemplaba la suspensión de las ejecuciones hipotecarias de los deudores que tomaron créditos en entidades no bancarias con el fin de adquirir una vivienda única y familiar. La iniciativa también creaba una instancia de negociación para acreedores y deudores por afuera del Sistema de Refinanciación Hipotecaria auspiciado por el Estado, para ver si los deudores podían presentar una mejora de su oferta de pago y evitar la ejecución de los inmuebles.
Pero la propuesta recibió duras críticas por una razón central: los senadores entienden que legislar de ese modo podría sentar una interpretación negativa respecto del fallo que la Suprema Corte de Justicia tiene pendiente en relación con la pesificación. Estiman que si se aprobara el proyecto sería un aval para la doctrina de la responsabilidad compartida entre acreedores y deudores en los costos derivados de la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas en 2002. (DyN)







