El Roca está colmado y otra vez alojan a jóvenes en la Alcaidía

Los jóvenes que tienen problemas con la Justicia en la actualidad sólo pueden ser alojados en la Alcaidía de Menores que funciona en la Jefatura de Policía, a pesar de que, hace ya varios meses, se había anunciado que ese lugar dejaría de cumplir con esa función. Actualmente hay 13 jóvenes alojados allí.
El Instituto Roca, según reconoció su directora, Susana Viale, cuenta con 27 internos, aunque  su capacidad real es para 24 chicos. “Están avanzadas las obras para un nuevo pabellón, que estará terminado, al menos una parte, dentro de 3 o 4 meses. Cuando esté concluido, habrá capacidad para 120 menores”, dijo.
Ante este panorama, la Alcaidía y el Hogar Belgrano se transformaron en alternativas para solucionar el problema. Lo grave es que ninguno de los dos lugares es apropiado para ese fin.
La Alcaidía fue creada para que allí sean alojados los contraventores detenidos por la Policía. Sus calabozos no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, ni para que sean habitados. “Un chico necesita un lugar para jugar y recuperarse. Allí apenas si tienen aire para respirar.”, aseguró Aurora Díaz Argañaraz, abogada defensora de “Monito” y de “Cheíto”, que ya llevan tres días en esas celdas.
El Hogar Belgrano también se transformó en un lugar alternativo, a pesar de que no está preparado para alojar a menores con causas, sino para aquellos que tienen problemas sociales, como carecer de guardador legal. “En enero, las autoridades del Belgrano fueron amenazadas sobre que se los iba a demandar por desobediencia judicial si es que no recibían a los chicos”, informó una fuente de Tribunales.
El juez de Menores, Raúl Ruiz; aseguró que se necesita un lugar especialmente preparado para tratar de recuperar a los jóvenes y no un espacio físico que sólo sirva de depósito. “Un equipo de profesionales debe recuperarlos, especialmente de su adicción a las drogas. Caso contrario, cuando salgan a la calle, volverán a delinquir. Ese es un tema en el que deben involucrarse los tres poderes de la provincia”, señaló.
Díaz Argañaraz coincidió con el juez y agregó que los magistrados, en un intento por solucionar este inconveniente, como medida tutelar, obligan a los menores a asistir a una terapia con un psicólogo de un hospital público. “Tengo a una menor que estaba dispuesta a hacerlo, pero se encontró con una triste realidad: el profesional no tenía turno para darle y, cuando lo conseguía, debía esperar meses para volver a asistir. Así, no sirve de nada”, concluyó.