23 Febrero 2006 Seguir en 
La ola de delincuencia juvenil encendió una luz de alarma en la Justicia. Desde el domingo hasta ayer, 30 menores estuvieron involucrados en distintos delitos, lo que representa, por lo menos, el 50% del total de los ilícitos atendidos por la fiscalía de turno desde el sábado.
Nora Wexler, titular del Juzgado de Menores de la II Nominación, recibió, en promedio, más de ocho causas por día. Los delitos por los que fueron acusados los sospechosos van desde tenencia de arma de fuego y hurto hasta robo agravado. “Estamos sobresaturados. Hay momentos en que no sabemos qué hacer con los menores, porque no hay lugar para alojarlos”, indicó una fuente de tribunales.
Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción de turno, se mostró sorprendido por lo que está viviendo. “Hasta ahora, en la mitad de los hechos que investigamos hubo menores involucrados. Hubo días en los que había dos o tres chicos prestando declaración”, detalló evidenciando su preocupación.
La situación se torna mucho más preocupante si se tiene en cuenta que no hay espacio físico adecuado para que los aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 17 años, sean alojados. Por ejemplo, “Monito” y “Cheíto”, los principales sospechosos de haber matado al cadete Lucas Emanuel Agüero Quiroz; y “Pipí”, el menor de 13 años que está acusado de haber cometido tres asaltos en seis horas, desde el lunes, están alojados en la Alcaída de la Jefatura, esperando ser trasladados al Instituto Roca, que está colapsado.
La falta de espacio obliga a los jueces a sacar de las calles sólo a los jóvenes que son reincidentes o que cometieron delitos de gravedad. A los restantes, se les aplican medidas tutelares hasta tanto las causas sean elevadas a juicio por las fiscalías, indicaron altas fuentes judiciales. Estas medidas consisten en hacer un seguimiento de la conducta del menor o en obligar a los padres a que los inscriban en una escuela o a que los hagan trabajar. Según informaron en el Juzgado de Menores II, ante el problema, se decidió que los jóvenes que hayan cometido delitos menores y que no cuenten con antecedentes, no pueda abandonar la casa familiar durante un determinado período. Personal del Juzgado controla que los adolescentes cumplan con las medidas tutelares y que los padres las hagan respetar. Caso contrario, el régimen se hace mucho más estricto.
Actualmente, según información de los dos juzgados, hay unos 2.000 menores en esta situación. Están acusados de hurto, de robos agravados, de abuso sexual e incluso de homicidio. “Monito” es uno de los jóvenes que integraba esta lista, antes de ser acusado de la muerte de Quiroz.
“Nadie toma conciencia de este problema. Lo más grave es que la sociedad juzga sin conocer la situación. Qué puede hacer la Justicia si no hay sitios previstos para la rehabilitación de un menor y si la familia tampoco hace nada para que se cumplan con las medidas tutelares”, señaló el juez Raúl Ruiz, del Juzgado de Menores de la I Nominación.
Nora Wexler, titular del Juzgado de Menores de la II Nominación, recibió, en promedio, más de ocho causas por día. Los delitos por los que fueron acusados los sospechosos van desde tenencia de arma de fuego y hurto hasta robo agravado. “Estamos sobresaturados. Hay momentos en que no sabemos qué hacer con los menores, porque no hay lugar para alojarlos”, indicó una fuente de tribunales.
Alejandro Noguera, fiscal de Instrucción de turno, se mostró sorprendido por lo que está viviendo. “Hasta ahora, en la mitad de los hechos que investigamos hubo menores involucrados. Hubo días en los que había dos o tres chicos prestando declaración”, detalló evidenciando su preocupación.
La situación se torna mucho más preocupante si se tiene en cuenta que no hay espacio físico adecuado para que los aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 17 años, sean alojados. Por ejemplo, “Monito” y “Cheíto”, los principales sospechosos de haber matado al cadete Lucas Emanuel Agüero Quiroz; y “Pipí”, el menor de 13 años que está acusado de haber cometido tres asaltos en seis horas, desde el lunes, están alojados en la Alcaída de la Jefatura, esperando ser trasladados al Instituto Roca, que está colapsado.
La falta de espacio obliga a los jueces a sacar de las calles sólo a los jóvenes que son reincidentes o que cometieron delitos de gravedad. A los restantes, se les aplican medidas tutelares hasta tanto las causas sean elevadas a juicio por las fiscalías, indicaron altas fuentes judiciales. Estas medidas consisten en hacer un seguimiento de la conducta del menor o en obligar a los padres a que los inscriban en una escuela o a que los hagan trabajar. Según informaron en el Juzgado de Menores II, ante el problema, se decidió que los jóvenes que hayan cometido delitos menores y que no cuenten con antecedentes, no pueda abandonar la casa familiar durante un determinado período. Personal del Juzgado controla que los adolescentes cumplan con las medidas tutelares y que los padres las hagan respetar. Caso contrario, el régimen se hace mucho más estricto.
Actualmente, según información de los dos juzgados, hay unos 2.000 menores en esta situación. Están acusados de hurto, de robos agravados, de abuso sexual e incluso de homicidio. “Monito” es uno de los jóvenes que integraba esta lista, antes de ser acusado de la muerte de Quiroz.
“Nadie toma conciencia de este problema. Lo más grave es que la sociedad juzga sin conocer la situación. Qué puede hacer la Justicia si no hay sitios previstos para la rehabilitación de un menor y si la familia tampoco hace nada para que se cumplan con las medidas tutelares”, señaló el juez Raúl Ruiz, del Juzgado de Menores de la I Nominación.








